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Suspenden extradición de alias ‘Mocho Olmedo’, cabecilla del frente 33 de las disidencias Farc
Aunque la Corte Suprema había avalado su entrega, el Ejecutivo frenó el proceso para no interferir en los diálogos de paz con el grupo armado ilegal.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió suspender la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, uno de los principales cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc, grupo con el que actualmente se mantienen conversaciones de paz dentro del proceso de Paz Total.
La decisión quedó formalizada en la resolución 186 de 2025, emitida el pasado 26 de junio, donde se argumenta que la entrega del insurgente a la justicia de Estados Unidos podría interferir directamente con el desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno y el Estado Mayor Bloque Magdalena Medio, al que pertenece dicho frente armado.
Aunque en mayo de este año la Corte Suprema de Justicia había avalado la solicitud de extradición y señaló que se cumplían todos los requisitos constitucionales y legales, también pidió que el proceso se condicionara al respeto de los derechos fundamentales del solicitado. No obstante, la última palabra sobre la ejecución o suspensión de la extradición la tiene el presidente de la República.
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Alias ‘Mocho Olmedo’ es requerido por una corte del estado de Florida (EE. UU.), donde enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber sido copropietario de un laboratorio de cocaína entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, y de participar activamente en transacciones internacionales de droga.
Según detalla la resolución, la suspensión no es definitiva. Solo se mantendrá mientras Henao cumpla con su compromiso verificable con la paz, colabore como negociador en la mesa de diálogo y ejecute acciones concretas que respalden ese rol, tal como lo establece la Ley 2272 de 2022 sobre la implementación de la Paz Total.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca dar continuidad al proceso político con las disidencias, al tiempo que mantiene la vigilancia sobre el comportamiento del excombatiente en el marco de los compromisos adquiridos.
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