Crece un 15% el número de integrantes de grupos armados en Colombia

Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, el número de integrantes de los Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia creció un 15%, al pasar de 21.958 a 25.278 personas. Así lo revela el más reciente informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza (Accam), elaborado por la Fuerza Pública, que identifica un aumento sostenido en la presencia y el pie de fuerza de las estructuras criminales en todo el país.

El estudio señala que el 48% de quienes conforman estas estructuras son combatientes en armas, mientras que el 52% restante pertenece a las redes de apoyo, también llamadas “componentes criminales focalizados”. Aunque el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente estas cifras, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que el Accam sigue siendo uno de los pocos instrumentos objetivos para medir la evolución de los grupos ilegales, pese a sus limitaciones.

Clan del Golfo y disidencias, a la cabeza del crecimiento

El informe revela que el Clan del Golfo —o Ejército Gaitanista de Colombia— continúa siendo la organización más grande, con 8.945 miembros, lo que representa un incremento del 18% frente a diciembre pasado. Le sigue el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 6.450 integrantes y un aumento del 3%.

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Las disidencias de las FARC también registran un crecimiento importante. El Estado Mayor Central (EMC), comandado por ‘Iván Mordisco’, alcanzó los 3.919 integrantes (20% más), mientras que el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), liderado por ‘Calarcá Córdoba’, creció un 16% para llegar a 2.802 miembros.

En conjunto, solo entre el Clan del Golfo y las dos principales estructuras disidentes suman cerca de 18.000 hombres y mujeres vinculados a actividades criminales, un fenómeno que preocupa por su expansión territorial y su capacidad de reclutamiento.

Causas del incremento: expansión, disputas y reclutamiento

De acuerdo con la FIP, tres factores explican el aumento. En primer lugar, las campañas de expansión territorial y el fortalecimiento de la gobernanza criminal, con presencia creciente en regiones donde el Estado mantiene baja capacidad institucional. En segundo lugar, la presión derivada de nuevas disputas entre grupos y la ofensiva militar, que ha llevado a cada organización a aumentar su pie de fuerza.

El tercer factor tiene que ver con las nuevas estrategias de reclutamiento. A través de redes sociales y propaganda dirigida, los grupos ofrecen salarios mensuales que oscilan entre 1,2 y 1,5 millones de pesos, junto con beneficios adicionales. Estas ofertas se combinan con coerción, vínculos familiares y promesas de protección en zonas con alta vulnerabilidad socioeconómica.

Un desafío para la seguridad y la paz

Para los analistas de la FIP, el incremento revela una desconexión entre la política de seguridad y la estrategia de paz del gobierno. Ninguno de los dos últimos gobiernos —ni el de Iván Duque ni el de Gustavo Petro— ha logrado frenar la expansión de las estructuras armadas.

“La Paz Total permitió que los grupos fortalecieran su poder sin condiciones claras para detener su avance”, advierte el informe, que subraya la urgencia de articular las políticas de seguridad y negociación.

El documento concluye que el país no puede optar entre paz o seguridad, sino avanzar en una estrategia integrada que combine control territorial, inteligencia estratégica, fortalecimiento institucional y una implementación efectiva del Acuerdo de Paz de 2016.

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