Secretario de Cultura de Santander, señalado por presuntos cobros ilegales a cambio de contratos

Empresarios culturales denunciaron ante medios regionales que el actual secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio de Santander, Jorge Humberto Rangel Buitrago, habría solicitado millonarias sumas de dinero como condición para adjudicar contratos en la Gobernación. De acuerdo con los testimonios, los cobros habrían alcanzado hasta los 50 millones de pesos en efectivo, entregados a través de intermediarios cercanos al despacho del funcionario.

Según los denunciantes, Rangel Buitrago los contactó inicialmente con la promesa de incluirlos en procesos contractuales. Sin embargo, tras establecer comunicación, les exigió aportes económicos que —según él— serían destinados a su “jefe”. Uno de los empresarios aseguró que la solicitud se presentó como un préstamo urgente que permitiría asegurar su participación en proyectos culturales financiados por el departamento.

El funcionario, consultado por el diario Vanguardia, negó de manera categórica las acusaciones. “Este tipo de informaciones afectan mi honra y el buen nombre de un servidor público. Esas solicitudes no han ocurrido en esta Secretaría”, afirmó, e invitó a los denunciantes a presentar pruebas formales ante los entes de control. También rechazó la expresión “el jefe”, al asegurar que en su despacho solo responde ante el Gobernador de Santander.

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A las denuncias por presunta concusión —delito que podría acarrear penas de entre ocho y quince años de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos— se suman críticas persistentes por la opacidad en el manejo de recursos destinados al sector cultural. Gestores culturales advierten que no se han publicado los resultados de convocatorias ni se conocen los montos asignados a eventos o proyectos, a pesar de que el presupuesto asciende a 4.400 millones de pesos.

Voces del sector han señalado, además, deficiencias en la idoneidad técnica del secretario. Algunos consejeros culturales afirman que Rangel no participa en reuniones clave y delega sus funciones en otros funcionarios. También denuncian irregularidades como el uso indebido de boletas para eventos gratuitos y una posible falta de conocimiento sobre los procesos propios del ámbito cultural.

El descontento ha sido alimentado por antecedentes similares en la misma dependencia. La Contraloría Departamental halló irregularidades en contratos del periodo 2021–2022, incluyendo pagos pendientes a artistas y compras sin respaldo documental. 

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