Contraloría detecta irregularidades por más de $3.700 millones en contratos de salud en Magdalena

La Contraloría General de la República reveló este miércoles los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a los recursos transferidos al Departamento del Magdalena por el Sistema General de Participaciones (SGP – Salud Pública y Oferta) y el Fondo Local de Salud, correspondientes a las vigencias 2023 y 2024. El informe evidenció presuntas irregularidades administrativas y financieras por un total de $3.765 millones, distribuidos en dos contratos ejecutados por la Gobernación.

Contrato con el Hospital Julio Méndez Barreneche

En 2023, la Gobernación suscribió el contrato CI-776-2023 con la E.S.E. Hospital Julio Méndez Barreneche, por un valor de $4.362 millones, para desarrollar acciones en salud pública. Sin embargo, según la Contraloría, las actividades realizadas no se basaron en el anexo técnico firmado contractualmente, sino en un documento paralelo sin respaldo jurídico.

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Además, se detectó la falta de evidencia documental sobre la adquisición, almacenamiento y distribución de insumos por valor de $1.867 millones, incluyendo reactivos de laboratorio, equipos biomédicos y elementos de control epidemiológico. También se reportó la ausencia de contratos del personal técnico vinculado y la carencia de soportes detallados de costos por actividad.

Este hallazgo fue calificado con presunta incidencia fiscal y disciplinaria y será trasladado a la Procuraduría General de la Nación para la apertura de las investigaciones pertinentes.

En 2024, mediante el contrato PS-0991-2024, por $4.930 millones, la Gobernación ejecutó recursos destinados al fortalecimiento de la salud pública. Dentro de este contrato, se efectuaron pagos por $1.898 millones para la adquisición de equipos biomédicos, mejoras de infraestructura y aparatos de laboratorio, sin que existan facturas, registros de ingreso a almacén ni informes del supervisor que acrediten la ejecución contractual.

Según el propio reporte, la administración reconoció que los equipos fueron instalados directamente sin cumplir con los procedimientos formales de ingreso a inventario, lo que representa una falla grave en el control sobre bienes adquiridos con recursos públicos.

Este segundo hallazgo también fue clasificado como de presunta incidencia fiscal y disciplinaria y será igualmente remitido a la Procuraduría.

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