En las últimas semanas, el debate por la explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking se agudizó. Opositores ratificaron que siguen adelante para que se prohíba mediante una ley que se tramita el Congreso. Por su parte, Ecopetrol inició un proyecto piloto en el Magdalena Medio. El Gobierno, a su vez, designó una comisión de expertos para estudiar el tema. Lo particular del asunto es que desde el año 2006, mediante una norma oficial, se empezó a abrirle camino a esta actividad y actualmente están en trámite 13 solicitudes de cuatro empresas multinacionales que con contratos de exploración aprobados buscan licencia ambiental.
Según registros del Ministerio de Minas, la compañía más activa en la solicitud de explotación de yacimientos por métodos no convencionales o fracking, como se le conoce, es Ecopetrol. De hecho, en el proceso competitivo de 2012, llamado Ronda Colombia, la estatal petrolera firmó cinco contratos, con una inversión pactada de 396 millones de dólares. Para ese momento, el Estado colombiano asignó 49 bloques, y de estos, cuatro a Ecopetrol y uno a la Shell.
El negocio de la exploración de hidrocarburos comprendía 15 de los 40 municipios que conforman el departamento de Norte de Santander. En el caso del departamento del Tolima y en asocio con Exxon Mobil Exploration Colombia Limited, se firmó otro contrato para explorar en Prado, Dolores, Villarrica, Purificación, Cunday, Carmen de Apicalá, Icononzo y Melgar. En este mismo departamento, adicionado a Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, se pactó un tercer convenio con Ecopetrol. Un cuarto contrato, también en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, exploró petróleo en 27 municipios. No obstante, en el caso de estos cuatro convenios la estatal de petróleos finalmente renunció a ellos, al encontrar bajas cantidades de crudo.
Para hacer fracking o fracturación de rocas mediante inyección de grandes cantidades de agua, el procedimiento establecido es que la compañía interesada tiene que ser adjudicataria de bloques por parte del Estado. De allí en adelante debe tramitar la licencia ambiental. Por eso, en el caso de Ecopetrol, actualmente tiene vigente un contrato que le da la posibilidad de hacer exploración en yacimientos no convencionales. Se trata del contrato VMM-5, adjudicado también en la Ronda Colombia de 2012, que con una inversión pactada en US$56 millones, busca petróleo en los municipios de Cimitarra, Puerto Parra y Barrancabermeja, en el departamento de Santander, y en los municipios de Puerto Berrío y Yondó, en Antioquia. En otras palabras, al anuncio del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, de iniciar un plan piloto de fracking en el Magdalena Medio, le anteceden cinco contratos para efectuar esa práctica, de los cuales uno está vigente, todos celebrados en la administración del entonces presidente Javier Genaro Gutiérrez.
Pero no es solo Ecopetrol la compañía interesada en esta práctica. Tres reconocidas multinacionales han hecho lo propio. En 2014, la compañía canadiense Parex Resources se presentó a la Ronda 2014, de la cual obtuvo el contrato para no convencionales en Cimitarra, Norte de Santander, con una inversión pactada de 89 millones de dólares. Al año siguiente, ConocoPhillips obtuvo mediante contratación directa un área para exploración en San Alberto, San Martín y Aguachica, en el Cesar, y en Puerto Wilches, Santander, con una inversión de 8 millones de dólares.
En 2016, la Drummond, suscribió siete contratos, que están vigentes, para exploración de no convencionales por 98 millones de dólares. Las áreas de búsqueda petrolera están ubicadas en los departamentos de La Guajira y Cesar, en los municipios Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Agustín Codazzi, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Bosconia, La Paz, Curumaní, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Urumita, Valledupar y Villanueva. En concreto, hay varios contratos vigentes, en proceso de alistamiento y a la espera de que la ANLA expida la licencia. Lo cierto es que de 13 contratos firmados, 4 desistieron y nueve siguen vigentes.
Y aunque en su campaña el presidente Iván Duque anunció que Colombia no tenía potencial para el fracking y además se presentaron tres proyectos de ley, por parte de la senadora Maritza Martínez, Gustavo Petro y el Partido Verde, que buscan aplazar o prohibir definitivamente esta práctica, la Agencia de Periodismo Investigativo (API) encontró en los archivos del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Congreso y la misma Ecopetrol, documentos que muestran que sin mucha discusión pública el tema se empezó a regular desde hace más de una década.
Por ejemplo, en 2006 la ANH expidió el acuerdo 42 de 2006, mediante el cual determinó que le correspondía a su Consejo Directivo definir la regulación para las áreas de exploración y expedir los términos contractuales para definir los aspectos técnicos para el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos con exploración no convencional. Una decisión que quedaría desarrollada más ampliamente por el documento Conpes 3517 de 2008, que también recomendó la expedición de normas técnicas, el reglamento de contratación y la coordinación en la materia.
En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se determinó que el tema energético sería una prioridad para el país. Por eso se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, se modificó la estructura del Ministerio de Minas, que expidió la resolución 180742 sobre el procedimiento para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. En este sentido, incorporaron las normas internacionales para garantizar una exploración sostenible.
Pero en el ecosistema minero apareció un nuevo actor. En 2012, la Contraloría General de la República, en cabeza de Sandra Morelli, expidió un control de advertencia dirigido a suspender el fracking mientras no se contara con la información técnica sobre los impactos que podría generar el uso de esta tecnología en el país. Una determinación que fue enviada a los ministerios de Minas y Ambiente, a la ANLA y a la ANH. El organismo fiscal ya avizoraba que se podía presentar deterioro de las aguas superficiales y subterráneas y riesgo por los posibles efectos derivados de la sismicidad inducida por el proceso sobre centros urbanos o sitios poblados.
Ante las circunstancias, surgió el Programa de Gestión del Conocimiento (PGC), que financiado por el Estado, invirtió millonarios recursos en talleres y visitas a las operaciones de campo. Con base en ello y con el apoyo de un consultor internacional y su equipo, se formuló una nueva regulación. En esencia, dos resoluciones de los ministerios de Ambiente y de Minas, en las que se adoptaron los términos de referencia para la elaboración del estudio ambiental para los proyectos de perforación de yacimientos no convencionales, así como los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
Durante los dos años siguientes, tanto el Ministerio de Minas como la ANH expidieron los requerimientos técnicos y el reglamento de contratación de los no convencionales. De paso, con el acuerdo 03 se ratificó la necesidad de acreditar las condiciones ambientales para la práctica del fracking. Entonces, volvió la Contraloría, que certificó que efectivamente, luego de su control de advertencia del 2012, el desarrollo normativo había presentado avances significativos.
Vino después el segundo período del gobierno Santos, esta vez con el propósito de aumentar las reservas del país, según quedó aprobado en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Allí, conoció esta Agencia, en un documento de 30 páginas, está la base para unificar un decreto reglamentario para garantizar el fracking en condiciones ambientales y desarrollo sostenible óptimos. Una determinación que se acompañó de una resolución del Servicio Geológico Colombiano que determinó las especificaciones del monitoreo de sismicidad cerca de los pozos de exploración.
El año pasado, el tema del fracking siguió evolucionando. De esta manera, la ANH emitió el acuerdo 2 de 2017, mediante el cual se fijaron las reglas para la asignación de áreas, para la exploración y explotación de hidrocarburos, y además se hizo énfasis en la protección ambiental, al descartar zonas reservadas, protegidas o restringidas en materia de protección de recursos naturales renovables o de uso del suelo.
Según un documento que reposa en las oficinas de Aura Patricia Toro Miranda, coordinadora del Grupo de Asuntos Legales del Ministerio de Minas y Energía, del cual tiene conocimiento la actual ministra, María Fernanda Suárez, “se podría decir que el país cuenta con un marco legal amplio tanto en lo ambiental como en el componente técnico, el cual busca regular la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Este fue construido a través de un proceso de gestión del conocimiento con participación de expertos internacionales y nacionales, los cuales acogieron los diferentes requisitos y normas internacionales que así lo regulan”.
En concreto, el documento recibido en septiembre recomienda no detener la exploración y explotación de los yacimientos mediante fracking, bajo los argumentos de que no se cuenta con un marco regulatorio adecuado y que no se tiene la experiencia técnica suficiente para controlar los aspectos ambientales que se puedan generar en desarrollo de esa actividad. Esta es una “afirmación que no es coherente desde ningún punto de vista, teniendo en cuenta que el país lleva más de 100 años desarrollando la industria de hidrocarburos”.
Pese a esta conclusión, también se está analizando el proyecto presentado por la senadora Maritza Martínez quien, con base en el principio de precaución, solicita en su proyecto de ley que las entidades del Gobierno se abstengan de suscribir contratos y expedir licencias ambientales. Al respecto, la conclusión de las entidades adscritas al Ministerio de Minas frente a este asunto es que “el país lleva 40 años aplicando la tecnología de estimulación hidráulica en yacimientos convencionales, sin que se evidencie que existe realmente un daño asociado con la implementación de esta tecnología, ya sea en el ambiente o en la salud, y además el país cuenta con la regulación ambiental y técnica para implementar esta tecnología. Es necesario revisar si el principio de precaución estaría bien aplicado para este caso en particular”.
Frente a los efectos del fracking, la posición plasmada por los funcionarios del Gobierno es que esa estimulación hidráulica se hace desde hace varios años en el país en yacimientos convencionales y por ello se indica que está preparado para hacer la fracturación hidráulica. En este mismo sentido, ratifican que implementar esa técnica es mucho más fácil, teniendo en cuenta que el país puede asumir la línea de conocimiento y aprendizaje ya adquirida por otros países que la han implementado de forma exitosa y amigable con el medio ambiente.
Uno de los puntos que generan mayor controversia es la profundidad de las aguas subterráneas, conocidas como acuíferos. Expertos afirman que mientras en algunos países los acuíferos están casi al mismo nivel de la roca a la que se le debe hacer fracturamiento hidráulico, el Gobierno advierte que en Colombia el caso es diferente y citan como ejemplo el Valle del Magdalena Medio, en donde se supone que la roca generadora está a 4.876 metros de los acuíferos de la zona.
Además del riesgo que implica la contaminación de aguas subterráneas, existen otros, como el escape o fuga de fluidos. Al respecto, el Gobierno responde que son mínimos y que la experiencia de 100 años de la industria ha demostrado que, si hay pozos bien construidos y yacimientos apropiadamente explotados, los impactos por contaminación son mínimos. Frente a la tecnología usada para extraer los hidrocarburos, en el documento del Ministerio de Minas se señala que se desconocen los diferentes controles operacionales que se usan en superficie y en el subsuelo para minimizar los efectos ambientales, como residuos, vertimientos, emisiones y consumo de agua.
Pero quizás el eje central del debate radica en los impactos sobre el recurso hídrico, porque lo que se señala son tres posibles amenazas ambientales: escape de fluidos, cambio en la hidrología y ciclos de agua de acuíferos superficiales y subterráneos, y riesgo para acuíferos subterráneos aprovechables derivado de la migración de los hidrocarburos. En concreto, efectos en el agua con los químicos, la salinidad y las tuberías por filtraciones por fracturas naturales en las rocas, en pozos abandonados y en estructuras permeables. A estas consideraciones, el Gobierno responde que existen controles porque la estimulación hidráulica es una tecnología usada frecuentemente en la industria de los yacimientos convencionales.
Frente al tema de los cambios en la hidrología y ciclos del agua, citando el Estudio Nacional del Agua de 2014 que realizó el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos (Ideam), indica que sectores como el agrícola, de la energía, pecuario, doméstico, de industria y acuícola, son los que mayor uso del agua hacen. Por ejemplo, para el año 2012, mientras que el sector agrícola utilizaba el 46,60 % del agua, el sector de hidrocarburos usaba el 1,60 %. Y, según el estudio, para producir cien mil barriles de petróleo se requiere aproximadamente el agua de 7,6 piscinas olímpicas, una cantidad con la que se podría suministrar agua a 1.319 hogares conformados por cuatro personas.
En este aspecto, señala el informe, “es evidente que el consumo de agua para las actividades de perforación utilizando la tecnología de estimulación hidráulica es significativamente menor que el que se requiere para el desarrollo de actividades agrícolas o de consumo humano”.
No obstante, esta posición oficial documentada por el Gobierno tiene otra cara en estudios internacionales. Por ejemplo, uno de ellos realizado en 11 estados de Estados Unidos, sobre los derrames presentados entre enero de 2006 y abril de 2012, señala que tuvieron efectos derivados del fracturamiento hidráulico. De igual manera, señala el proyecto de ley que se pueden registrar impactos sobre el territorio, como deforestación, destrucción y fragmentación de la fauna y la flora locales y efectos adversos sobre el desarrollo de actividades de agricultura o turismo. A ello se suman consecuencias derivadas de la sismicidad inducida y afectaciones puntuales a la salud e impacto social.
En otro proyecto de ley, presentado por más de treinta congresistas de la mayoría de partidos políticos, en donde se busca prohibir el fracking, se señala por ejemplo que en un territorio como Texas, Estados Unidos, en donde se aplicó esta técnica, las compañías han llegado a utilizar hasta doce millones de galones de agua. Así mismo, plantea que una de las grandes amenazas es la reinyección de aguas residuales y la implementación de componentes químicos, que en muchas ocasiones no son dadas a conocer. En cuanto a la calidad del aire, señala que se registran como fuentes de contaminación emisiones de tipo evaporativas que se generan durante la inyección del fluido de perforación.
La iniciativa legislativa hace también referencia a un estudio internacional de la Universidad de Queensland, en Australia, que incluyó 109 estudios y evidenció la aplicación del fracking como un problema de salud pública. Según el estudio académico, partos prematuros, bajo peso al nacer, enfermedades respiratorias y alteraciones endocrinológicas no obedecen exclusivamente al desarrollo de esta técnica, pero sí a múltiples factores en la superficie, como aguas residuales y contaminación del aire. Otros estudios de las Universidades de Cornell y Berkely muestran, luego de una revisión de 685 artículos que han sido publicados sobre esta materia, que el fracturamiento hidráulico tiene altos riesgos para la salud por contaminación del agua y deterioro en la calidad del aire. En suma, los estudios de las más importantes universidades del mundo advierten de los efectos nocivos del fracking.
Otros aspectos que identifica el proyecto de ley que unificó los criterios de treinta congresistas son amenazas a la agricultura, calidad del suelo, al sistema climático, descargas radioactivas, contaminación acústica y lumínica y efectos sobre el cambio climático. De igual forma, una revisión de las prohibiciones que existen a nivel mundial para esta práctica muestra que no se permite en Francia, Alemania, los estados de Nueva York, Maryland y Delaware en Estados Unidos. De igual manera, los estados de Victoria y Western en Australia. Así mismo, en la provincia de Entre Ríos en Argentina, Uruguay, estado de Paraná en Brasil, Escocia y Castilla de La Mancha, España.
La primera semana de octubre, representantes de organizaciones de México, Argentina y Colombia, le manifestaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, los impactos, riesgos y amenazas potenciales que genera el fraking y solicitaron al organismo internacional aplicar el principio de precaución. En la audiencia se evidenció que en el continente existen cerca de 5.000 pozos en los que se hace fracturamiento hidráulico. De estos, aproximadamente 2.000 estarían en Argentina y 3.000 en México.
Las posiciones frente al fracking son extremas. En campaña, el presidente Iván Duque señaló que el país no tenía ningún potencial de extracción para fracking en los próximos cuatro años. Sin embargo, hace unas semanas modificó su posición y autorizó replantear el tema. La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, aseguró públicamente que iniciará una cruzada para promover esta técnica. De hecho, nombró a mediados de esta semana un grupo de seis expertos para evaluar la conveniencia del fracking en el país. Los congresistas Jorge Robledo, Gustavo Petro, Angélica Lozano y Maritza Martínez reiteraron que no están de acuerdo. La industria, representada en la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en cabeza de Francisco Lloreda, defiende el fracking. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, anunció el inicio de un plan piloto en la materia.
Luego de 12 años de iniciado el proceso para hacer este tipo de explotación en Colombia, el debate alcanza su punto más alto. Con múltiples contratos firmados por Ecopetrol y otras multinacionales hace varios años, la exploración por esta técnica ya dio sus primeros pasos. Los estudios en Colombia más los conocidos en el exterior son elementos nuevos para la toma de decisiones. En 2019 comienza el primer ensayo de fracking en el país, para lo cual la ANLA deberá aprobar una licencia ambiental.
