El confinamiento en Colombia, como estrategia de prevención de la propagación del Covid-19 ya inició su tercera semana desde la orden de simulacro seguido por aislamiento obligatorio. A través de cartas o comunicados, diversos sectores han hecho pública su solicitud de ayuda económica al gobierno nacional. Artistas, transportadores, odontólogos, docentes de colegios privados han sido los más recientes. A ellos se suma ahora un abogado, quien abrumado por la situación, tomó la vocería de su gremio e interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado a fin de garantizar el mínimo vital de los litigantes.
Evaristo Rodríguez Gómez, un profesional del derecho oriundo de Bucaramanga, Santander es el demandante. Afirma ser padre de cabeza de familia de tres hijos de 18, 13 y 7 años; tener a su cargo, su padre de 86 años y a sus 55 años de edad, tener una enfermedad coronaria derivada del estrés laboral. Asegura que aunque no cotiza a pensión, solo a salud, sí genera tres puestos de trabajo, un asistente, un secretario y una persona en el servicio doméstico.
Pero en esta causa no está solo. Interpuso la accion de tutela, también en representación del colegio de abogados denominado “Litigantes para la Defensa de la Independencia, la Autonomía y la Modernidad en Línea con el Estado y la Comunidad- Corpolitigantes On Line.Com.
Sus demandados son varios. El presidente Iván Duque, el Congreso, el Consejo Superior de la Judicatura y los ministerios de Justicia, Trabajo y de las Tics, así como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Incluso, pidió vincular a la Federación de Colegios de Abogados de Colombia.
En un escrito de treinta y cinco páginas, solicitó el amparo de su derecho y el de sus colegas al trabajo, al mínimo vital y móvil, seguridad social, salud física y mental, la autonomía profesional y hasta a participar democráticamente en la conformación de los órganos de administración judicial, entre otros.
Inició su relato afirmando que, “para ningún humano en el planeta le es ajeno el problema mundial de la expansión del coronavirus (pandemia) y por ende, es evidente, que a todos por igual nos afecta tanto de manera directa como indirecta”.
Y aunque defendió la decisión del gobierno nacional de decretar la cuarentena hasta el 13 de abril como una medida de protección colectiva a la salud pública y resaltó la decisión de las autoridades administrativas y judiciales de continuar con las actividades propias de la función pública a través del trabajo en casa y el teletrabajo, aseguró que el gremio de los abogados quedó en el olvido.
“Lo grave de todo esto es que ninguna autoridad del país, y en especial, las del poder judicial, han tenido en cuenta la suerte de nuestros derechos fundamentales, que como personas con igual dignidad humana de un operador judicial o servidor público, tenemos los abogados litigantes del país”, aseguró el profesional del derecho.
Indicó que los litigantes son trabajadores independientes, aportan al Producto Interno Bruto, PIB, del país, no son una carga para el Estado porque a su juicio generan su propio empleo.
“Somos generadores de empleo con una carga laboral y prestacional sobre nuestras espaldas. Somos empresa unipersonal o colectiva con responsabilidad social empresarial. Generamos los abogados litigantes del país más empleo que el propio Estado, porque no hay vacantes ni en el poder judicial ni en los entes de control, ni en los demás entes públicos”.
Pero este no fue el único argumento del abogado Rodríguez. Indicó también que muchos de los litigantes o son de la tercera edad o se acercan a ella. Argumenta, que no son pocos los que padecen enfermedades de alto riesgo como consecuencia del estrés laboral, de lo que denominó, era propio de la incertidumbre del litigio. “El estrés mata a más abogados que a cualquier otra profesión en Colombia, vía infartos, y somos los que más sufrimos de depresión severa”, expuso en la accion de tutela.
En concepto del litigante, las medidas que adoptó el gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, de aislamiento obligatorio y teletrabajo, desconocen derechos fundamentales porque a su juicio no tuvieron en cuenta el derecho al trabajo y el mínimo vital, entre otros, de los abogados.
Advirtió que tanto él presidente Iván Duque, como el Consejo Superior de la Judicatura, desconocieron el gremio de los abogados como parte del sector judicial, pues afirma que este no sólo se compone de los operadores judiciales o empleados de la Rama. “Desconociendo y discriminando, por ende, y sin ningún test a aplicar el verdadero aporte del trabajo profesional que ejercemos los abogados litigantes del país, quienes sin ser los usuarios de la administración de justicia somos los representantes de estos”, indicó.
En el recurso de amparo también reprochó que los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura solo hicieron referencia a los servidores y usuarios y omitieron cualquier mención a cerca de la necesidad de proteger la salud de los abogados que se dedican al litigio. “Mientras que para los efectos sancionatorios disciplinarios nos incluyen como verdaderos actores del sistema de administración de justicia (...) en los demás escenarios de las diferentes disciplinas del derecho, literalmente no existimos”.
Otro de los fundamentos con los que intenta convencer al Consejo de Estado, es la falta de desarrollo del expediente electrónico en lo que consideró como una falta de voluntad política. Por ello, calificó de inconstitucional el hecho de que por cuenta del Covid-19 se interrumpió el servicio público de justicia, el cual se frena para los usuarios pero no para los servidores de la Rama Judicial.
Advierte además que el gremio que representa no puede resultar sacrificado y por lo tanto solicita implementarse de inmediato un plan de contingencia de ayuda económica, de compensación salarial, bonificación, “a efectos de mitigar la afectación de nuestros derechos fundamentales, dado que el futuro es incierto”.
Pero su única petición no es la entrega de una ayuda económica o compensación salarial a los abogados litigantes que hoy están cesantes. También pidió que se ordene al Congreso que cumpla lo dispuesto en el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 y profiera la ley que le dé vida Judicatura al Colegio de Abogados o el Consejo Nacional de la Profesión de la Abogacía. Así mismo, solicitó la implementación del expediente digital y la firma digital para los abogados litigantes.
La tutela será resuelta en los próximos días en el Consejo de Estado. Según cifras del ministerio de Educación, en Colombia hay cerca de 400.000 abogados con tarjeta profesional vigente, de los cuales un porcentaje significativo son litigantes. El país es el segundo con más abogados después de Costa Rica. Hoy los juristas van a los estrados a defender sus propios derechos.
