Ramón Eduardo Palomino López pasará los próximos 15 años de su vida en prisión. Parece una copia espejo de su hermano, el exdirector de la Policía general Rodolfo Palomino. El parecido físico entre ambos es impresionante: maxilares pronunciados, mirada recia y profunda, y cejas y bigote espesos.
Precisamente, el parentesco y los rasgos físicos llevaron a que muchas personas fueran estafadas por el hermano del general Rodofo Palomino, quien fue cuestionado durante el gobierno de Gustavo Petro por un negocio que había suscrito con la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Este involucraba la Hacienda La Granada, ubicada en Simijaca, Cundinamarca, y que pertenecía a uno de los judicializados: el esmeraldero y narcotraficante Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas, extraditado a Estados Unidos.
Por esta propiedad, el general pagaba apenas $8 millones mensuales.Pues su hermano también tenía un particular gusto por el sector inmobiliario, pero no precisamente para desarrollar hatos lecheros.
Ramón Eduardo estaba llamado a pagar una condena de al menos 7 años de prisión por ocho delitos, en su mayoría en concurso homogéneo y sucesivo, es decir, que con sus acciones cometió en varias oportunidades una pluralidad de daños y perjuicios a terceros. Sin embargo, el descuento que aspiraba no prosperó porque no reintegró el dinero que obtuvo producto de sus delitos a las víctimas.
Pero decidió aceptar su responsabilidad y su sanción penal se redujo a 180 meses de prisión y al pago de 320 salarios mínimos mensuales legales, equivalente a $416 millones de hoy.
Venta por necesidad
La historia se remonta a comienzos del año 2011 cuando Elizabeth Gómez, única propietaria tras la liquidación de su sociedad conyugal, de un inmueble de 1.850 metros cuadrados al norte de Bogotá conocido como Tuna Rural, que había sido embargado, secuestrado y estaba a punto de ser rematado por el Juzgado 20 Civil del Circuito, angustiada por su situación económica y por la imperiosa necesidad de rescatar su propiedad, lo comentó a cercanos.
Así, alguien le presentó a Ramón Eduardo Palomino. La mujer quedó impresionada con el parecido con el general Palomino, y así se enteró de que eran hermanos. Él, como se consignó en el proceso, se ufanaba de su relación con altos mandos de la Policía. Habló de sus valores éticos y morales, y se ofreció a ser su salvador.
Se preguntó, ¿quién podría dudar de hacer negocios con el hermano del entonces comandante de tránsito de la Policía, "Palomino, su amigo en el camino"?
Convencida de las palabras de aquel hombre, la mujer le entregó poder a Ramón Palomino, el cual se protocolizó en escritura 292 del 4 de febrero de 2011. En este documento se le concedió celebrar cualquier tipo de contrato con el inmueble, pagar a los acreedores, venderlo y enajenarlo.
Pero los planes de Palomino López eran distintos. Mediante escritura pública 1714 del 18 de marzo de 2011, simuló la venta, y el supuesto comprador fue Alejandro Pacheco Ramírez, un hombre sin ninguna capacidad de pago. El precio fijado fue muy por debajo del valor comercial, irrisorio, $137 millones. Gómez no recibió ningún dinero por la enajenación del inmueble que, según peritos forenses en ese momento, tenía un valor superior a los $1.400 millones.
En cambio, apenas un mes después, el falso comprador constituyó una hipoteca mediante escritura 635 del 11 de abril de 2011 a favor de José Antonio Gómez por un valor de $231 millones que no pagó. Un año después, el 17 de mayo de 2012, Pacheco Ramírez le vendió el mismo inmueble a Diana Leslie Durán supuestamente por $142 millones.
A pesar de que en la anotación 10 del folio de matrícula aparece registrada una hipoteca, en la cláusula cuarta del documento de compraventa se estipuló que "el inmueble objeto de venta se encuentra totalmente libre de gravámenes, tales como hipotecas".
Control absoluto
Diez días antes, Pacheco Ramírez le había otorgado poder a Ramón Eduardo Palomino para que administrara todos sus bienes, asegurando así tener el control absoluto de lo que sucedía y sucedería con el bien.
La propiedad conjunta, un terreno de 1828.50 metros cuya propietaria era otra mujer, María Angélica Gómez, prima de Elizabeth, sufrió la misma suerte del lote de la mujer divorciada.
A María Angélica Gómez le falsificaron su firma y apareció un documento con el que supuestamente ella le otorgó a Juan Carlos Polanco un poder para vender dicha propiedad.
El 24 de diciembre de 2012, mediante la escritura 1640, la vendió aparentemente a Leonardo Triviño Alarcón por $27 millones. Este, a su vez, la vendió el 17 de enero de 2013 por $135 millones a una empresa denominada Agropecuaria San Gabriel Sociedad en Comandita.
Dicha empresa fue constituida mediante la escritura 1439 el 27 de junio de 2002 por el socio gestor Carlos Julio Ramírez Ramírez y los comanditarios Teresa de la Cruz Rojas de Ramírez, Faviola Ramírez Rojas, María del Pilar Ramírez Rojas, Proquind Ltda y Carlos Julio Ramírez Ramírez.
En uno de los documentos traslativos de dominio volvió a aparecer el nombre de Ramón Palomino, esta vez como testigo. Precisamente, Carlos Julio Ramírez, en una entrevista realizada el 21 de noviembre de 2016 por el ente acusador, narró que Ramón Palomino López presumía su posición social y el hecho de ser hermano del general Palomino.
"Me comentó que él conocía a la propietaria del lote que estaba disponible para la venta. Le comenté a mi padre esa posibilidad y es ahí cuando el señor Palomino, quien se identificó como hermano del director general de la Policía, se presentó en nuestras instalaciones con el propietario del predio", indicó Carlos Ramírez.
Pero no llegó acompañado de María Angélica, la propietaria, sino de Leonardo Tíviño. La víctima le narró a las autoridades que ella no conocía a esas personas, que jamás había firmado un poder de mandato y entregó un detalle adicional: ella permanecía mucho tiempo en el extranjero, lo que facilitó las maniobras ilegales por parte de Palomino López y sus cómplices.
Otro negocio
A estos dos inmuebles se sumó otro, uno que pertenecía a Patricia Ayala y Orlando Sánchez, ubicado en el barrio Primavera en la localidad de Puente Aranda y el cual habían adquirido el 28 de junio de 1968.
Para ese momento, la posesión del bien estaba en cabeza de Gloria Atala y su tío Orlando Sánchez, en calidad de herederos. Sin embargo, los rumores de pandemia y de un confinamiento sin precedentes los llevaron a mudarse a Neiva, por lo que la casa quedó deshabitada.
Aprovechando esta situación, el 21 de febrero de 2020, Nicolás Joel Trujillo radicó ante la Notaría 21 de Bogotá una solicitud de declaración de posesión regular de la vivienda de interés social.
Pero como el inmueble no cumplía con los requisitos de ley para hacer esta maniobra jurídica, Trujillo aportó dos documentos falsos: una constancia de estratificación de vivienda inferior al 3 y un certificado catastral.
Con ello, induciendo en error al notario, obtuvo la escritura 1327 del 19 de marzo de 2020, la cual fue aportada en un proceso que inició el 21 de agosto de 2020 en una demanda de usurpación, o prescripción adquisitiva del dominio, es decir, para adquirir los derechos reales de esa propiedad que no tenían.
El 4 de agosto de 2020, Carlos Pardo Vargas y Diego Iván Conde, así como Ramón Palomino, llegaron con la policía, un cerrajero y taladro en mano e irrumpieron en la vivienda. Palomino aseguró que él había adquirido los derechos de posesión el día anterior a Nicolás Joel Trujillo. Según el contrato aportado, el valor fue de $50 millones.
Como si esto no fuera suficiente, según quedó consignado en las innumerables y numerosas pruebas, Palomino no solo cambió las guardas sino que desocupó la casa, los bienes muebles y enseres, valorados en $35 millones, y $4 millones en efectivo los sacó en un camión de placa TRF954.
Operativo policial
El 6 de agosto, cuando los verdaderos dueños llegaron a su vivienda alertados por sus vecinos, se dirigieron al CAI y regresaron a la vivienda con dos policías que casi se desmayan cuando, al abrir la puerta, Camilo Conde, Diego Conde y Carlos Pardo aseguraron ser arrendatarios y como arrendador señalaron a Ramón Eduardo Palomino López, el hermano del exdirector de la Policía. Y palidecieron aún más cuando el propio Ramón Palomino los llamó a sus teléfonos y les dijo a los policiales que era mejor que salieran de su vivienda.
Las víctimas indefensas y temerosas, pues aunque en febrero de 2016 el general Palomino había pedido la baja del servicio activo y había renunciado como director de la institución tras la investigación que anunció el procurador Alejandro Ordoñez en su contra, por los presuntos delitos de prostitución masculina e incremento injustificado del patrimonio del oficial, denunciaron al hermano de éste, Ramón.
El 21 de diciembre de 2020, este fue capturado e imputado por más de siete delitos. El hermano del oficial aceptó los cargos. Sin embargo, cuando ya se esperaba la suficiencia de individualización de la pena, el nuevo defensor de Palomino López solicitó la nulidad de la actuación.
En agosto de 2021, el abogado del hermano del oficial aseguró que el imputado no había sido suficientemente informado por la Fiscalía sobre lo que implicaba aceptar los cargos y, más específicamente, que debía reintegrar los montos a las víctimas para poder acceder a la reducción en el monto de la condena.
El Tribunal Superior de Bogotá, atendiendo un recurso de apelación, determinó que Palomino López sí había sido debidamente informado por la Fiscalía sobre las consecuencias.
La audiencia entonces se programó para el 15 de septiembre de 2022, pero la abogada de Palomino, argumentando su derecho a postulación, impidió que se llevara a cabo dicha diligencia. Se convocó una siguiente para el 16 de noviembre, pero ocurrió lo mismo, "(...) falló por razones similares, en todo caso asociadas al vaivén de Palomino López para elegir a su defensor particular", señaló el juez.
Maniobras jurídicas
Curiosamente, el primero de diciembre, la fiscal del caso se desconectó de la audiencia sin ninguna justificación, un hecho que reprochó el juez.
Las maniobras confusas continuaron una tras otra, alegando todo tipo de circunstancias, desde una cirugía a realizar el mismo día de la audiencia, problemas en la conexión de internet e incluso hasta falta de "contacto efectivo" entre los abogados de Palomino y él. Ya el 31 de marzo de 2023, el juzgado compulsó copias para que se investigara disciplinariamente al defensor.
En el proceso se advirtió que el provecho patrimonial de Palomino de solo ese inmueble podría estar alrededor de los $411 millones. De estos, $231 millones fueron entregados por Gómez Herminia, acreedor hipotecario, y el resto por Diana Durán Esquivel. Lo que es peor, la propietaria, además de otorgarle el poder para enajenar su inmueble, le entregó sus ahorros de $50 millones para completar los $70 millones que faltaban para saldar la hipoteca.
La afectada revocó el poder a Palomino mediante escritura pública del 11 de julio de 2011, pero esto no fue suficiente para evitar que continuara la estafa. ¨Se debe precisar que no le asiste razón al apoderado de Leslie Durán en cuanto argumenta que, siendo legítimo el poder por el cual se le transfirió la propiedad del inmueble, el negocio no acusa ilegalidad", para el juez. Así, la compradora hubiera actuado de buena fe, el fraude del que fue víctima la propietaria ilegítima dicho negocio.
Es la historia de los hermanos Palomino. Rodolfo quien llegó a ser la cabeza de la Policía Nacional durante varios años y su hermano Ramón, unidos no solo de sangre sino por su gusto en millonarios negocios inmobiliarios.
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