Cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, están en la mira por su rol en la propagación de la pandemia Covid-19 en las cárceles y penales del país. Con 144 casos detectados, tres decesos y seis penales afectados es el saldo de una escalada de acciones y omisiones que hoy tiene al país a punto de un lamentable récord, el mayor número de contagios tras las rejas en Latinoamérica.
A ello se suma que dos funcionarios del área administrativa, resultaron positivos para coronavirus. La jefe de gestión corporativa del Inpec, Esperanza Cuervo y el coordinador del grupo de seguros, teniente Guillermo Macías. Con un agravante y es que, según denunciaron los mismos funcionarios, en las instalaciones donde trabajan no se ha iniciado protocolo alguno.
Una crisis que se agudizó la semana pasada, en la penitenciaría de Villavicencio cuando se llegó a un punto de no retorno en la pandemia. De hecho, el miércoles, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento del Meta, entregó el reporte número 24 del virus.
“Quiero informarles que nos han llegado cuarenta nuevas pruebas, las cuarenta salieron positivas y todas corresponden a la cárcel de Villavicencio”, advirtió el mandatario, al tiempo que invitó a los pobladores a continuar con el aislamiento y tomar las medidas de autocuidado.
Pero más tardó Zuluaga en entregar el reporte, que desde el mismo partido de gobierno, el Centro Democrático, pedir la renuncia del director del Inpec, el general Norberto Mujica. “No entiendo cómo, con todo lo que ha sucedido usted aún no ha solicitado la renuncia del director”, manifestó el representante a la Cámara Oscar Villamizar.
Pero el general Mujica de quien hoy sectores piden su salida, fue nombrado apenas a finales del año pasado, luego de la inminente salida del general William Ruiz quien fue separado del cargo tras la cinematográfica fuga de la ex congresista Aída Merlano, el pasado primero de octubre.
En otras palabras, la entidad aún no superaba el escándalo de la evasión de la ex senadora condenada a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas, cuando tres meses después, el pasado 21 de marzo, enfrentó otro lío mayor.
El amotinamiento de los privados de la libertad en varias cárceles del país que derivó en la muerte de 23 internos y casi un centenar de heridos. Los reclusos durante varios días pidieron elementos de aseo, gel antibacterial, tapabocas y que se adoptarán medidas para mitigar el efecto de la pandemia en las cárceles, con un hacinamiento superior al 50.6%.
No obstante, las medidas adoptadas para enfrentar la tragedia en la cárcel Modelo de Bogotá, generó otra con más víctimas; la propagación del virus en cinco penales del país sin que hoy exista certeza del número verdadero de contagios.
Pero más allá de la responsabilidad del director general, Norberto Mujica, tras bambalinas en el Inpec hay cuatro servidores determinantes en las decisiones. Una revisión a sus hojas de vida evidencia que llevan varios años en la institución, son inamovibles, se convierten en mano derecha de los directores y es frecuente que pasen desapercibidos en los frecuentes escándalos que vive el sistema carcelario.
Se trata de Imelda López, directora de la regional central, el coronel de la Policía Manuel Armando Quintero, director operativo, Luz Miriam Tierradentro, Subdirectora de Talento Humano y el capitán David Alexander Álvarez, procesado por la fuga de la exsenadora Aida Merlano, quienes prefieren guardar silencio a los requerimientos de la prensa.
En el primer caso, luego de la renuncia de Vicente Ostos a la dirección regional del Inpec, para aspirar a la alcaldía de Pacho, Cundinamarca, el entonces director general de la institución, el general William Ruiz, designó en reemplazo de Ostos a Imelda López, quien fungía como directora de la cárcel El Pedregal, en Medellín.
Una decisión que tomó por sorpresa a los internos, familiares y un sector importante de la guardia, pues López, no había dejado los mejores resultados en dicho penal, “fue un desastre su dirección. No evitó el hacinamiento, el jardín de niños funcionaba a medias y el maltrato a las internas era una secreto a voces..” señaló a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, un funcionario del penal.
A pesar de los cuestionamientos y de las quejas de maltrato por parte de internos y sus familias, López fue ascendida y designada como nueva directora regional central. Un cargo determinante en la entidad. Bajo sus órdenes están 42 directores de los Establecimientos del Orden Nacional, Eron, de Bogotá, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima y Amazonas, es decir el 60% de la población carcelaria.
Días después de asumir el cargo, López realizó unos movimientos de personal de guardia penitenciario. Designó a Diana Muñoz como directora de la Reclusión de Mujeres y al Capitán David Alexander Álvarez, justamente dos de los funcionarios que meses después fueron separados del cargo por la Procuraduría e investigados penalmente por la fuga de la ex congresista Merlano.
Con vasos comunicantes fortalecidos. López había trabajado en el pasado con ellos, y los quería en la principal cárcel de Mujeres en el país, El Buen Pastor. Incluso, la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo, envió una carta al general William Ramírez y a la Defensoría del Pueblo solicitando se revocara la resolución 001000 del 9 de abril de 2019, en el que se ordenaba el traslado de dicho capitán.
En su contra, según la Fundación, pesaban denuncias por malos tratos, abuso de poder y diversas maniobras que desplegó Álvarez cuando tuvo funciones en el Buen Pastor y en la prisión de Picaleña.
“Nos reunimos con el director de Inpec, la Ministra (Gloria María Borrero), les mencionamos que queríamos saber que había sucedido con la denuncia realizada por las internas del Buen Pastor de Bogotá, y nos sorprende que 15 días después de esa reunión decidan enviarlo al Buen Pastor, nuevamente”, indicó en su momento el comunicado.
No hubo poder humano que impidiera la llegada de Álvarez al Buen Pastor. Tempranamente iniciaron las quejas en contra del funcionario y las cuales fueron puestas en conocimiento de la directora Regional Central, Imelda López.
En un comunicado del 25 de julio, días después de asumir sus funciones como comandante de guardia, la subdireccion de la Reclusión de Mujeres El Buen Pastor, remitió la comunicación 142308 a Imelda López. Allí informa que el capitán Álvarez había impuesto como castigo a tres internas, el confinamiento irregular en la celda número 3 del patio 9. Un lugar que el funcionario había implementado como castigo, sin informar a la junta de patios y con la prohibición de abrir la celda. En otras palabras, una cárcel dentro de la cárcel.
“Una vez finalizada la visita de los señores Ricardo Cardenas y Miguel Ángel Valero (...) dichos funcionarios tomaron contacto conmigo para manifestarme su preocupación por que en la celda 3 del pabellón 9 estaban tres internas recluidas desde el 15 de julio y quienes contaron que estaban ahí como castigo, luego de una riña. Les respondí que nosotros no tenemos celda de castigo”, resalta la comunicación.
Sin embargo, López no tomó ninguna acción al respecto. Tres meses después, cuando justo ella estaba de permiso, Aída Merlano protagonizó una fuga cinematográfica desde una ventana de un consultorio odontológico, que derivó en la salida del director del Inpec, la directora y subdirectora de la Reclusión de Mujeres y la suspensión de otros funcionarios.
Días después, la Fiscalía capturó al capitán Álvarez, como presunto partícipe en la fuga de la ex congresista. A pesar de que cumplía su periodo de vacaciones, el día de la fuga, Álvarez estaba en la Reclusión de Mujeres. De la misma manera, versiones de internas, funcionarios y otros guardias conocidas por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, indicaban una cercanía entre el funcionario y la exsenadora.
A mediados de diciembre, el capitán de la guardia penitenciaria recobró su libertad porque según un juez de segunda instancia, la Fiscalía no sustentó la peligrosidad del procesado. Pero no tardó en retomar sus funciones en el Inpec.
Entre novenas y villancicos, el escándalo por la fuga de Merlano sucumbió. A mediados de febrero, luego de la captura de la ex congresista en Venezuela se reactivó, pero duró lo que demoró el virus en llegar al país.
A comienzos de marzo, en una rueda de prensa, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y director del Inpec, anunciaron las medidas adoptadas para mitigar el impacto del virus en la población carcelaria.
La suspensión de las visitas a la población privada de la libertad, entrega de elementos de desinfección y tapabocas, así como la suspensión de traslados de internos y remisiones judiciales.
Con el paso de los días se conocieron las primeras protestas, pues el único anuncio que se había aplicado era la suspensión de la visita a los presos. Nada llegó, ni las mascarillas faciales, ni gel antibacterial ni ningún elemento. Al contrario, guardias y personal administrativo ingresaban a los patios sin ninguna protección. La protesta se recrudeció y la noche del 21 de marzo, varias cárceles estallaron, el saldo de la tragedia se cuenta en número de ataúdes.
Una semana después, un hecho en particular cambió la historia de la cárcel de Villavicencio. Reclusos se manifestaron para solicitar que les permitieran el ingreso de encomiendas, ya que el Inpec no les provee los elementos básicos para vivir tras las rejas.
Pero la guardia penitenciaria del lugar, les propinó una golpiza violenta. Fotografías y videos en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, documentan los hechos. Internos y familiares confirmaron lo sucedido a esta Agencia.
En efecto, ese mismo día, luego de que el ministerio de Salud entregara un nuevo reporte de contagios por Covid-19, una cifra que ascendió a 798 casos, se precisó que ocho de estos correspondían al departamento del Meta.
Así las cosas, la directora de la Regional Central del Inpec, Imelda López, al parecer, sin medir el impacto en la salud pública de los penales, ordenó el traslado de varios internos desde la penitenciaria de Villavicencio a otras cárceles del país.
Señalados como elementos de convivencia negativa, ocho internos fueron remitidos a otros penales. Sin realizar pruebas moleculares PCR, que permitieran verificar que los prisioneros que se subirían al bus del Inpec, eran portadores de la enfermedad, pero la funcionaria, se limitó a firmar la resolución que se convirtió, según los expertos, en el principal instrumento de propagación del virus en las cárceles del país.
Con un hecho adicional. Uno de los funcionarios enviado a la cárcel de Villavicencio para reprimir la protesta de los reclusos, fue el capitán Álvarez, el mismo que ha sido cuestionado en las carceles de Picaleña, Buen Pastor y que fue llamado a juicio por la fuga de la exsenadora Aida Merlano.
Fue cuestión de días para que el resultado de la decisión se reflejara en una crisis sanitaria sin precedentes en el sistema penitenciario. Las cárceles que hoy tienen el virus, no solo son moles de concreto con serios problemas de diseño y construcción, en las cuales la deficiencia de los servicios públicos es preocupante.
La penitenciaría La Picota de Bogotá, es la más grande del país con 9.300 internos y cinco reglamentos disciplinarios diferentes. En este lugar hay pabellones de extraditarles, parapolíticos, delincuencia común, justicia y paz, funcionarios públicos, cada uno con un régimen distinto. Tiene serios problemas de agua potable y alcantarillado por errores en el diseño y la construcción, la interventora estuvo a cargo de una de las firmas del Grupo Nule.
Peor suerte ocurre con la cárcel de Guaduas, Cundinamarca. Diseñada para clima frío, está anclada en un terreno de 40 grados en la sombra, en donde el agua potable reina por su ausencia. Este penal, también tuvo como interventoría la firma Ponce de León del Grupo Nule. Las restantes, Heliconias, Picaleña, Leticia e Ibagué viven dramas semejantes.
No es la primera vez que Imelda López está en el ojo del huracán y en la mira de las autoridades. En el año 2011, fue relevada de su cargo como directora de La Picota, luego de que el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien enfrentaba un juicio por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, celebrara su cumpleaños número 41 al son de músicos, licor y más de 20 invitados.
En su momento, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias en contra de López, para que fuera investigada por los delitos de fraude procesal, pues a varios de los denominados parapolíticos incluido Juan Carlos Martínez, Guillermo León Valencia Cossio, Salvador Arana, Luis Alberto Gil, Jorge Noguera y Dixon Tapasco certificó horas de trabajo y estudio para redención de pena, al tiempo que asistían a citas médicas, odontológicas y hasta a procedimientos estéticos autorizados por ella.
Pero una vez más nada ocurrió y López continuó al frente de las más importantes cárceles del país y ahora de la regional columna vertebral del sistema penitenciario. Esto, a pesar de que en su momento la misma oficina de control interno disciplinario del Inpec, en su acusación estableció, “existía una anarquía sin precedentes en el control de las actividades de trabajo y estudio. Los encargados de la granja del ERE Sur (pabellón de parapolíticos) y áreas comunes internas, cómo rueda suelta, a su libre albeldrío y sin ningún control ni disciplina, registraban a su antojo en las planillas”.
Al respecto, un director de establecimiento carcelario señaló, “encubrió funcionarios con graves incumplimiento de las funciones como evasiones del puesto de trabajo y actos de corrupción en las libertades porque eran parte de sus aliados”,
Pero López no es la única funcionaria cuestionada. Otro servidor en la mira es el coronel Hugo Quintero, comandante de custodia y vigilancia del Inpec, con más de siete años en la institución, ha logrado sostenerse a pesar de los escándalos que generaron la salida de sus jefes los generales exdirectores del Inpec, Torres, Ramírez y Ruíz.
Según fuentes consultadas por esta Agencia, la labor como comandante de custodia y vigilancia del Inpec, del coronel Quintero ha tenido más sombras que luces.
Tres directores de cárceles capturados por la Fiscalía tras denuncias de corrupción, la fuga de Aída Merlano, aumento de quejas ante la Defensoría del Pueblo y demás organismos de control por exceso de fuerza en los operativos de registro y control, así como el aumento en el número de muertes del personal de custodia y vigilancia y de internos.
“Nunca en la historia del Inpec, han muerto en tan poco tiempo tantos guardias e internos sin que al responsable de la dirección de custodia y vigilancia se le inicie si quiera una investigación”, le indicó a API un dragoneante.
Desde el 2015, a la fecha han sido asesinados al menos 23 funcionarios del Inpec adscritos a las cárceles de Caicedonia, Valle, Cúcuta, La Unión, Cali, La Plata, Espinal, Coped Medellín, Pedregal, Neiva, Jamundí, entre otros.
Así mismo, el aumento de quejas por maltrato por parte de la guardia penitenciaria como el que ocurrió el pasado 30 de marzo en Villavicencio y que generó el traslado de ocho internos a distintas cárceles del país, expandiendo la pandemia.
“Es inaudito que tanto Imelda López quien lleva más de dos décadas en el Inpec y el coronel Quintero con casi una década de funciones no tengan el control de las prisiones. Si a los internos no se les hubiera creado una falsa expectativa con las excarcelaciones y se les hubiera hablado con la verdad y entregado los insumos, no hubiera sucedido la tragedia de los motines y tampoco las protestas en Villavicencio que generó el contagio masivo” advirtió un funcionario.
El coronel Quintero también es señalado como una de las personas que posibilitó el traslado de cárcel del capitán Álvarez al Buen Pastor, en donde estaba recluida Merlano. Luego pasó a Cali cuando las protestas por el paro nacional crecían y ahora llegó a Villavicencio.
Además de Imelda López, el coronel Quintero y el capitán Álvarez, otra funcionaria está en el ojo del huracán. Se trata de Luz Mirian Tierradentro, subdirectora de Talento Humano.
Un mes después de registrarse el primer caso de Covid-19 en Colombia, envió tapabocas y guantes para el personal de custodia y vigilancia y como parte del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin embargo, luego de solicitar una apropiación presupuestal de $700 millones para proveer de estos elementos, los tapabocas que están llegando a los penales han dejado desconcertados a los funcionarios.
“Esos son los tapabocas que nos llegan desde Bogotá. Parecen donaciones, no tienen la más mínima calidad, a pesar que nosotros trabajamos en un entorno de riesgo, las probabilidades de contagio en un penal con un hacinamiento desbordado son diez veces más grandes. Es inaudito, ojalá la Contraloría verifique, esos tapabocas parecen de fabricación artesanal” indicó la directora de un establecimiento carcelario.
La pandemia crece en el país. Los infectados aumentan, según los reportes oficiales del ministerio de Salud. Al finalizar la tarde de este domingo, los contagios llegaron a 5.379 en Colombia. En el departamento del Meta, la cifra llegó a 232. Con el foco de la cárcel de Villavicencio que se propagó a otros cinco penales y actuaciones polémicas de cuatro funcionarios que hasta ahora salen a la luz pública.
