El pasado 12 de julio, el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá recibió un oficio mediante el cual la Dijin le dejó a su disposición al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, condenado a 17 años de prisión por el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS) y quien ese mismo día había sido extraditado desde Estados Unidos.
Tres meses después, el pasado 31 de octubre, el despacho judicial le concedió una redención de pena de cuatro meses y 28.92 días por trabajar en la granja de la guarnición militar, sembrando hortalizas. Así las cosas, el exfuncionario recibió el beneficio jurídico y empieza a descontar el tiempo de su condena, lo que le permitirá a futuro quedar en libertad antes de lo previsto, según lo determine el juez de ejecución de penas.
Teniendo en cuenta que la ley 65 de 1993 determina que por cada dos días de trabajo, estudio o enseñanza se redime un día de condena. Y esta se debe realizar de lunes a sábado sin que supere las 48 horas semanales, esto significa que el exministro ha trabajado, enseñado o estudiado durante más de 12 meses.
Lo particular del asunto, es que no es tan frecuente en el entorno de la justicia, que los privados de la libertad que solicitan a los jueces redención de pena, obtengan respuesta expres de los funcionarios judiciales, en razón, especialmente, al voluminoso número de procesos que tienen a su cargo que deriva en lentitud de la justicia.
Según registros oficiales, se estima en Colombia, hay 70.000 condenados, en centros penitenciarios y prisión domiciliaria. Ello representa que cada juez tenga a su cargo al menos 1000 procesos. Para el caso de Bogotá por ejemplo, hay 29 jueces de ejecución de penas, con 58 servidores judiciales en sus despachos, que manejan 57.864 casos, señalan las cifras de Asonal, el gremio que reúne a los funcionarios de la justicia.
En el caso del exministro Andrés Felipe Arias, el procedimiento fue expedito. El 28 de octubre pasado, llegó la solicitud al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas. Al día siguiente, la cárcel La Picota, a donde está adscrito, remitió la documentación soporte de la petición al juzgado. En concreto, la cartilla biográfica del interno, los certificados de buena conducta que se adjuntaron por funcionarios del Cantón Norte en donde está recluido y los computos de redención establecidos en la ley que son trabajo, estudio o enseñanza.
Un director de prisiones señaló a la Agencia de Periodismo Investigativo, API que el sitio en donde esta recluido el exministro Andrés Felipe Arias, es denominado como anexo a La Picota que es la encargada de controlar y certificar la actividad del interno. “Generalmente, en estos anexos se redime en estudio o trabajo, en la mayoría de los casos en manualidades. En cuanto a a conducta el director de la unidad militar o policial es quien ejerce como jefe de gobierno”.
Dos días después de radicada la solicitud, el juez del caso profirió un auto en donde concedió la redención de pena para Arias de cuatro meses y 28.92 días. En otras palabras, un ágil procedimiento, poco frecuente la justicia.
Andrés Felipe Arias es quizás una de las personas privadas de la libertad más polémicas del país. Antes de ingresar al gabinete en el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, como ministro de Agricultura, se desempeñó como docente de economía en las universidades Javeriana y de Los Andes.
Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, TLC firmado con Estados Unidos, el gobierno Uribe lanzó con bombos y platillos un programa denominado Agro Ingreso Seguro, AIS, cuyo propósito era aumentar la competitividad del campo colombiano. “Es nuestro deber mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, pero especialmente, la de aquellos productores primarios más vulnerables” aseguró en su momento el entonces presidente Álvaro Uribe, antes de anunciar para el año siguiente (2007) la incorporación en el presupuesto de $350 mil millones para desarrollar dicho programa.
Dos años después estalló el escándalo. Lejos de favorecer a los “productores primarios más vulnerables” se benefició a familias y empresas con grandes capitales que parcelizaron terrenos, se presentaron a las convocatorias y sin cumplir requisitos recibieron subsidios por $25 mil millones como José Francisco Vives Lacouture, Banapalma, Alfredo Lacouture Dangond, Orlandesca, Biofrutos, Inverjota, Daavon, Agroindustrias, JMD, Inagro y Almaja.
Familias como los Dávila, Vives y otras hicieron toda clase de maniobras para recibir los subsidios multimillonarios. Una reina de belleza, la ex señorita Colombia, Valerie Domínguez se convirtió en el referente del escándalo, al haber sido beneficiaría de uno de estos subsidios. La hoy presentadora del exitoso reality “Yo me llamó” terminó ante los estrados y fue declarada inocente por haber prestado su nombre para que su entonces pareja Juan Manuel Dávila, recibiera uno de estos subsidios.
También se reveló que 51 beneficiarios de Agroingreso Seguro, AIS, aportaron económicamente a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002 y en el referendo releccionista. En concreto, recibieron $34 mil millones en subsidios y $10 mil más en créditos.
Meses después de estallar el escándalo, Andrés Felipe Arias renunció a su cargo para aspirar a la presidencia de la República como precandidato del Partido Conservador. En medio de los cuestionamientos pidió ser el primer investigado por Agro Ingreso Seguro.
Y así sucedió. Luego de una investigación de dos años, el entonces procurador Alejandro Ordoñez, hoy embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, destituyó e inhabilitó por 16 años a Andrés Felipe Arias y la Contraloría lo halló fiscalmente responsable.
A mediados de julio de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento en su contra en establecimiento carcelario, mientras enfrentaba su juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
Luego de estar dos años privado de la libertad, en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, el Tribunal Superior de Bogotá le revocó la medida de aseguramiento al considerar que la medida era desproporcionada pues no se había probado que el exministro si se defendía en libertad pudiera obstruir la justicia, constituyera un peligro para la sociedad o la víctima, que no compareciera al proceso o no cumpliera una eventual sentencia.
Sin embargo, un año después también en julio, la Corte Suprema de Justicia condenó al exministro Arias Leiva a 17 años y cuatro meses de prisión por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Arias no se presentó a la lectura del fallo y el país conoció que el exministro no tenía intenciones de cumplir con su sentencia, pues había salido del país junto con su familia rumbo a Estados Unidos, en donde inició un proceso de asilo al declararse perseguido político.
En noviembre de 2014, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, a petición de la Corte Suprema de Justicia, solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición del exministro Andrés Felipe Arias. Seis meses después el gobierno americano le concedió el asilo pero de manera temporal.
Pero en agosto de 2016, la justicia de los Estados Unidos libró una orden de captura en contra de Arias Leyva atendiendo la solicitud de extradición de Colombia, meses después le concedió la libertad bajo fianza. Pero no tardó mucho en regresar nuevamente a una cárcel norteamericana mientras libraba una batalla en busca de que le concedieran el asilo y poder esquivar su extradición al país.
La Corte de Apelaciones de Atlanta le puso fin a la controversia y negó la apelación interpuesta por los abogados de Arias. Así las cosas, el pasado 12 de julio, a las 8:20 a.m según información de Migración Colombia aterrizó en el aeropuerto de Catam el vuelo charter con el exministro Arias abordo con el propósito de hacer efectiva su sentencia.
A diferencia de la mayoría de personas que son sindicadas o condenadas en el pais, Arias no fue expuesto a los medios ni se entregó un registro gráfico, de audio o video de su extradición. Ese mismo día fue puesto a disposición del juez de ejecución de penas quien profirió un auto legalizando su captura y libró la boleta de encarcelación número 50 a la cárcel Picota y al Inpec.
De igual forma, también emitió los oficios 375, 376 y 377 dirigidos al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Grupo de Investigaciones Internacionales OCN Interpol y la Dijin, con información del exministro Arias.
Las siguientes semanas se realizaron otra serie de actuaciones entre el reconocimiento de personería a los abogados de la defensa hasta remisión de comunicaciones a la Escuela de Caballería, hasta que se tramitó la redención de pena concedida el pasado 30 de octubre por el juez del caso.
Al respecto, la defensa del exministro Arias adjuntó la documentación con las labores en prisión y argumentó ante el funcionario judicial las normas correspondientes que permiten a los condenados redimir pena y buscar su salida anticipada de prisión.
