A los 23 muertos y 86 heridos que dejaron los amotinamientos del sábado 21 de marzo en cinco de las principales del cárceles del país, se sumó otra víctima. Luego de una pelea, con otro interno, por el caos del hacinamiento.
Juan Diego Pérez Ospina, un interno del patio quinto de la cárcel La Picota en Bogotá, decidió ponerle fin a su vida con una soga, en la mañana de este lunes 30 de marzo. El no esperaba ser uno de los 10.000 beneficiarios del decreto de excarcelación, pero sí de sus efectos.
Oriundo de Chinchiná, Caldas, con apenas 24 años de edad y una condena a cuestas de 18 años y 2 meses de prisión, por un homicidio que siempre aseguró no cometió, veía muy lejana su salida de prisión.
Por eso en sus cuentas no estaba ser beneficiado por el decreto presidencial del que tanto se habla en las cárceles del país, después de los desórdenes carcelarios que terminaron en tragedia.
No cumplía con ninguno de los requisitos que estaba analizando el gobierno nacional. No era mayor de 60 años, no tenía una enfermedad terminal ni estaba discapacitado. Tampoco estaba en juicio o había sido condenado por un delito con pena inferior a cinco años.
Todo lo contrario. Era joven, tenía una condena de más de 18 años por homicidio y porte ilegal de armas; apenas llevaba cuatro años en prisión y aún le faltaban dos años para solicitar el beneficio administrativo de salida hasta por 72 horas cada dos meses.
Por eso no hacía cuentas alegres, pero sí pensaba en que todos se beneficiarían con el solo hecho de tener más espacio en las celdas y los patios. Consideraba que la tensión y el caos sería menor.
Pero no alcanzo a vivir los efectos del tal anunciado decreto de excarcelación. En la mañana del lunes tuvo un enfrentamiento con otro interno. De las palabras, pasaron a los hechos y de las manos a una herida con una punta, el otro recluso cayó herido.
Juan Diego Pérez, creyó que había asesinado a su compañero de prisión, buscó el momento y se suicidio. Realmente, el otro interno resultó herido pero no murió. Los demás internos señalan a un solo responsable, el infierno de las cárceles que acabó con la cordura y la tolerancia.
Los privados de la libertad, recluidos en diferentes centros penitenciarios del país alistan nuevas protestas. En esencia, creen que primero llegará el virus a las prisiones antes de que se expida el decreto que anunció la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. Los abogados agremiados en el Colegio de Penalistas urgen una solución.
En el entretanto, el borrador de decreto de 23 artículos, llega a su séptima versión con un mismo encabezado, “por medio del cual se conceden los beneficios de la detención y la prisión domiciliaria transitoria en el lugar de residencias a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al Covid-19, y de adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación”.
Uno de los argumentos de la norma en el tema específico del sistema carcelario es que a pesar de los esfuerzos institucionales y presupuestales, la política de ampliación de cupos ha sido insuficiente para conjurar la crisis del sistema penitenciario y carcelario.
Y resalta que aunque en la última década pasó de 67.695 cupos a 80.763, la población privada de la libertad también creció. Era de 84.444 en el 2010 a 123.451 internos a febrero de 2020.
En el artículo segundo establece que procederá la prisión domiciliaria transitoria como sustitutiva de la prisión intramural en nueve casos. El proyecto de decreto en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo, API, establece además que los internos mayores de 60 años, las madres gestantes con hijos menores de tres años que convivan con ellas en los centros de reclusión, serán beneficiarios.
También se establece el vademécum de enfermedades. Internos que padezcan cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes insulodependiente, trastorno pulmonar, hipertensión, anti coagulación, hepatitis C, artritis remumatoude, personas con trasplantes y enfermedades autoinmunes. Para cumplir con este requisito se deberá aportar historia clínica y certificación expedida por el personal médico del establecimiento carcelario.
En el borrador también se contempla la prisión domiciliaria transitoria para las personas con movilidad reducida por díscapacidad, aquellos que ya cumplieron con los requisitos para obtener el permiso de hasta 72 horas y quienes estén condenados a penas de hasta cinco años depresión o delitos culposos.
Adicionalmente, aquellos internos que ya hayan cumplido las 3/5 partes, es decir, los que están listos para optar por la libertad condicional y quienes a la fecha de expedición del decreto no hayan podido acceder a la prisión domiciliaria por el no pago de caución.
Finalmente la medida también cobijará a aquellos internos que se les concedió vigilancia electrónica pero que no se hubiera podido hacer efectiva por falta de manilla. Los mismos casos se aplicará para las personas con detención preventiva en Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata.
El control de la medida estará a cargo del Inpec y del CTI de la Fiscalía. Sin embargo, se excluirá de esta medida una gran parte de los delitos. Entre esos terrorismo, concierto para delinquir, testaferrato, lavado de activos, secuestro, desplazamiento forzado, tortura, trata de personas, homcidio agravado, feminicidio, delitos sexuales, entre otros.
La aplicación estará a cargo del director del general del Inpec, quien a través de los directores regionales y de establecimientos carcelarios verificarán quienes cumplen con los requisitos y remitirán el listado a los juzgados de ejecución de penas quienes tendrán tres días para aplicar la medida.
En el caso de las personas detenidas en Unidades de Reacción Inmediata, URI, y estaciones de Policía, los fiscales verificarán los requisitos y tendrán dos días para solicitar el beneficio ante los Jueces de Control de Garantías.
El debate carcelario continúa, la familia del interno Juan Diego Pérez Ospina pide mayores explicaciones sobre el deceso. El ecosistema de la justicia sigue a la espera de la expedición de la norma para enfrentar la pandemia de coronavirus antes que sea demasiado tarde.
