Juan Carlos Abadía Campo, el cuestionado y polémico exgobernador del Valle, parece haber dejado de caminar en puntillas y ahora se muestra retador. En dos semanas, está citado para la audiencia preparatoria en la que se detallarán y decretarán los elementos materiales probatorios en su contra.
Con estos, la fiscalía demostrará en juicio que pagó al denominado ‘Cartel de la Toga’ 400 millones de pesos para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejara entre telarañas y moho un proceso en su contra por presunta corrupción cuando fungió como mandatario departamental en torno a convenios para dotar bibliotecas escolares.
Pero, contrario a lo que sucede con la mayoría de procesados por la justicia, Abadía en los últimos días controvierte en redes y hasta entrega declaraciones. Desde su inactividad en redes desde el año 2016, resurgió como el Ave Fénix a principios de agosto.
Una de las más recientes fue un video en el que apareció detallando por qué, según él, la Procuraduría carecía de facultades para excluirlo del ejercicio político con un fallo de destitución de 10 años expedido en la administración de Alejandro Ordoñez, por otro cuestionamiento, esa vez por un contrato de salud que suscribió en el año 2009 a dedo.
Y es que el pasado 14 de agosto, el Consejo de Estado, contra todo pronóstico y en una sentencia que se convirtió en un tanque de oxígeno en plena época electoral, revocó la sanción de la Procuraduría aduciendo la falta de competencia para inhabilitar a un mandatario elegido por voto popular.
Esto, a pesar de la gravedad del proceso disciplinario, pues Abadía Campo suscribió un contrato entre los años 2008 y 2010, cuando fungía como gobernador, con la sociedad Eduardo Bolaños IPS Ltda, sin que mediara al menos licitación o proceso de selección abreviada sino directamente.
El contrato tenía por objeto la realización de cirugías bariátricas para personas que no tuvieran cobertura en salud; el valor fue de 1000 millones de pesos. Sin embargo, omitiendo la ley de contratación, no se solicitó ofertas ni se consultaron precios de mercado.
Con ese espaldarazo del máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, Abadía Campo grabó un video tres días después: “¿Qué significa eso? Que la Procuraduría no podía destituirme, que lo hizo de manera ilegal. El Consejo de Estado, en un fallo contundente, investigó lo disciplinario y lo administrativo, y en un fallo de fondo determinó que no hubo actos de corrupción, que la contratación fue de manera honesta. Con esto se desvirtúan trece años de calumnias de unos pocos. Juan Carlos Abadía aparecía como uno de los mejores gobernadores de Colombia con un 84%, pero unos pocos quisieron engañar a la ciudadanía diciendo que había actos de corrupción”, indicó.
Juan Carlos Abadia habla sobre la decisión del Consejo de Estado
La polémica en Cali
Y es que, apenas diez días antes de que se conociera públicamente el fallo del Concejo de Estado, Abadía Ocampo apareció para ripostarle a uno de los candidatos a la Alcaldía de Cali.
Se trata de Diana Rojas, concejal de Cali entre los años 2020 y 2022 y quien, luego de ser cuestionada por periodistas de Semana, sobre una supuesta reunión con Juan Carlos Abadía promovida por Mauricio Armitage, ella lo negó, pero este la desmintió.
“Dianita, di la verdad, me has insistido para que te apoye Y TE SEGUIRÉ DICIENDO QUE NO, tú ya fuiste parte de una administración y lo hiciste mal. Engañar y tratar de ensuciar el buen nombre de las personas ES CORRUPCIÓN; más bien haga propuestas de ciudad. @WRadioColombia”, indicó en su cuenta el exmandatario. Al ser cuestionada en otro medio, Rojas en un amague terminó culpando a la pregunta del periodista.
Lo cierto es que días después se produjo otra reacción, justo un día antes de la sentencia del Consejo de Estado. En esa oportunidad, el procesado indicó: “Te comprometiste las veces que hemos hablado a no mentir más sobre mí para que te apoyara. Como no quise apoyarte, sigues enlodando mi nombre con mentiras. Además, me informan que tus patrocinadores TE RETIRAN de la campaña en un mes @DianaRojasCali @CaliSosVos @juanitacatano.
Así mismo hizo señalamientos sobre Emcali y aseguró que en esa entidad el dinero se perdió con unos empresarios españoles contratados en el año 2017 para realizar la PTAR y afirmó que eso era lo que afectaba la campaña de Rojas, a diferencia de él que aseguró que en los últimos trece años estaba pero en el sector privado.
Diana Rojas, candidata a la Alcaldía de Cali.
Diana Rojas, la candidata señalada de buscar el apoyo de Abadía, es economista de la Universidad Autónoma de Occidente. En el año 2009, coordinó en la regional Valle del Cauca los jóvenes por el movimiento Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, y luego fue la secretaria privada del alcalde de Cali, Armitage. En 2019, logró la mayor votación al Concejo del Partido Liberal, y aunque estos se declararon partido de gobierno de Jorge Iván Ospina, ella anunció oposición.
En 2022, renunció a su curul y advirtieron que el Partido Liberal era arrodillado de Ospina. Lanzó su candidatura por firmas por el movimiento Cali Caleñísima, y en el departamento afirman que es respaldada por Mauricio Armitage y un grupo de empresarios.
Campaña al rojo vivo
Entretanto la campaña a la Alcaldía de Cali está en su máximo apogeo, con 13 candidatos en el tarjetón que aspiran a manejar un presupuesto anual de 4.6 billones de pesos.
De la baraja de aspirantes, el más fuerte es Roberto Ortiz Urueña. Es conocido por ser empresario del chance con su empresa Chontico Millonario. Su departamento de cuna es Tolima, pero ha vivido las últimas cuatro décadas en Cali, a la que ha intentado gobernar tres veces sin éxito, pues no ha logrado la simpatía de los electores.
La primera vez en 2015 logró 167 mil votos, luego en 2019 llegó a 199 mil votos. En los corrillos de la política caleña aseguran que cuenta con el respaldo de Juan Carlos Abadía y Dilian Francisca Toro, pero ellos lo niegan rotundamente.
Sin la inhabilidad que pendía por la destitución de la Procuraduría y con nuevos vientos en la camiseta política, en los próximos días se evidenciará a quién realmente apoya Abadía.
Abadia y sus nexos en la Corte Suprema
Sin embargo, mientras canta victoria en el proceso disciplinario, en la justicia penal parece ser a otro precio. Y es que luego de cinco intentos en los que se aplazó la audiencia de acusación, por fin la Fiscalía el pasado 28 de julio logró acusar formalmente a Juan Carlos Abadía Campo.
El escrito de acusación radicado el 13 de septiembre de 2022 narra la participación que tuvo el exgobernador del Valle con el Cartel de la Toga, aquel grupo de magistrados corruptos y abogados, así como funcionarios de la justicia, que se aliaron para torcer fallos en la Corte Suprema de Justicia.
Y es que entre los años 2013 y 2017 los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte y José Leonidas Bustos, promovieron y dirigieron una organización criminal a la que fueron integrando otras personas como el abogado Luis Gustavo Moreno y otros miembros de la Corte Suprema y Fiscalía como Camilo Andrés Ruiz, Gustavo Enrique Malo Fernández y Alfredo Bettin Sierra. Este grupo, según el ente acusador, cometió múltiples delitos que afectaron la seguridad pública y la recta administración de justicia.
De hecho, la mayoria de ellos ya fueron condenados por la justicia e incluso afrontas varios procesos pendientes y otros como el exmagistrado Bustos tiene orden de captura vigente, aunque goza de las mieles de la impunidad en Canadá.
Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, exmagistrados señalados como miembros del Carte de la Toga
Esta organización se reunía en la residencia del magistrado Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, o del magistrado Ricaurte, así como en establecimientos públicos, hoteles, restaurantes e incluso fuera del país.
En el año 2013, el magistrado José Leónidas Bustos presentó a Francisco Ricaurte con el abogado penalista Luis Gustavo Moreno. Luego, en una reunión en el apartamento de Ricaurte, éste le explicó a Moreno cómo funcionaban y le indicó cómo se manejaban los procesos, le detalló cómo procederían en adelante frente a los denominados clientes, es decir, aquellos que tenían la calidad de indagados, investigados o procesados en el máximo organismo de cierre de la justicia penal, la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía determinó que Francisco Ricaurte y José Leónides Bustos eran quienes tenían los contactos, conseguían a los “clientes”, generalmente políticos como congresistas y gobernadores, de quienes sabían que tenían indagaciones, investigaciones o procesos en su contra tanto en la Corte Suprema como en la propia Fiscalía.
Los sobornos
Este grupo tenía varias maneras de manipular los procesos, conseguían y utilizaban información privilegiada que estaba consignada en los procesos, generaban decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a sus “clientes” y facilitaban la intervención de la defensa anticipando posibles decisiones, dilataban actuaciones y mantenían en libertad a los procesados.
Uno de los presuntamente favorecidos de este modus operandi fue precisamente Juan Carlos Abadía Campo, quien fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2011. En virtud de su cargo, las investigaciones en contra del mandatario eran competencia de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Desde el año 2013, el magistrado Francisco Ricaurte, hoy condenado por estos hechos a 17 años de prisión, conocía cuántas y cuáles investigaciones tenía en contra Abadía Campo, pero una en especial llamó su atención, la 2011-00371, en la cual se indagaba el convenio de cooperación de interés público 110 de 2010 para dotar bibliotecas escolares en el departamento.
El magistrado Ricaurte supo de esta y sus pormenores por Alfredo Bettin Sierra, quien fungía como Fiscal Noveno delegado ante la Corte Suprema de Justicia, pues justamente este al menos llevaba diez investigaciones.
El extogado, luego de pasar sus manos por su barba semitupida, le dio una instrucción a Luis Gustavo Moreno; reunirse con Juan Carlos Abadía Campo. Así sucedió, fijaron entonces honorarios con el propósito de que las investigaciones pasaran al rincón del moho, el polvo y las telarañas, fueran retardadas y archivadas. Pero lo principal era que no se formulara imputación ni se pidiera medida de aseguramiento.
El acuerdo entre Abadía y Luis Gustavo Moreno fue de $400 millones. Abadía hizo un primer pago de $175 millones, otro de $25 millones y otro más de $200 millones; el dinero en su mayor parte fue entregado a Ricaurte Gómez.
Luis Gustavo Moreno, abogado de Juan Carlos Abadia con el que pactaron los sobornos
La organización buscaba que el fiscal del caso, Alfredo Bertín, retardaría las investigaciones en contra de Abadía, les suministraría información privilegiada y a cambio, la organización lo mantendría en el cargo. Pero puntualmente se estableció que en la investigación del convenio 010 para dotar a las bibliotecas escolares no se formularía imputación y menos medida de aseguramiento.
Así las cosas, el 2 de octubre de 2014, el ya exgobernador del Valle le otorgó poderes al abogado penalista Luis Gustavo Moreno Rivera para que lo representara judicialmente en al menos cinco procesos, uno de ellos el 2011-00371, es decir, el del convenio.
Apenas se le reconoció personería para actuar, Moreno el 27 de abril de 2015 solicitó copias de todo lo actuado y pidió fecha para llevar a cabo interrogatorio. Como no se fijó fecha, el 20 de mayo de 2016, Moreno radicó solicitud de archivo la cual fue reiterada el 29 de julio de 2016.
Pero el 30 de septiembre de ese mismo año, Moreno Rivera renunció al poder otorgado por Abadía, pues había sido designado como Director Nacional Anticorrupción en la Fiscalía General de la Nación, por el fiscal Néstor Humberto Martínez.
El 12 de octubre de 2016, a Abadía Campo le fue practicado el interrogatorio según lo había solicitado el ya exdefensor Luis Gustavo Moreno; como defensor fue designado Hernando Morales Plaza.
El padrino de la justicia
Dos meses después, Abadía Campo cambió de abogado y le otorgó poder a quien en ese momento era un peso pesado e intocable de la Rama Judicial, un promotor electoral de varios magistrados, José Leónides Bustos Martínez.
Éste, el 7 de diciembre de 2016, suscribió una solicitud para ampliación de interrogatorio al exgobernador del Valle, la cual fue realizada el 25 de enero de 2017; como abogado suplente se nombró a José Eduardo Saavedra Roa.
Pero a finales de 2016, el fiscal Bettin le dio una pésima noticia al magistrado Ricaurte: en la noticia criminal del convenio de bibliotecas estaba obligado a formular imputación de cargos en contra del exgobernador Juan Carlos Abadía.
A mediados de febrero de 2017, el abogado suplente que trabajaba para el exmagistrado Bustos radicó un memorial solicitando el archivo del proceso, pero un día después, el 14 de febrero, la fiscalía respondió que se encontraban reunidos los requisitos pero para formular imputación.
Juan Carlos Abadía, también fue cercano políticamente a la actual administración de Cali.
Francisco Ricaurte entonces se reunió con el fiscal Alfredo Bertin y le indicó que estudiara la solicitud del archivo del proceso y que en el entretanto aplazara la imputación.
No obstante, Bettin no resistió la presión de las exigencias de resultados de la nueva administración y el 6 de marzo de 2016 formuló imputación por los delitos de apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Para el ente acusador, Juan Carlos Abadía sabía que entregando dineros para frenar sus procesos y torcerlos ante la justicia estaba cometiendo un delito. “Con su actuar lesionó sin justa causa el bien jurídico de la administración pública y es posible hacerle un juicio de reproche por cuanto sabía la ilicitud de sus actos”, señaló el fiscal.
Las pruebas
En la audiencia preparatoria, la Fiscalía solicitará escuchar como testigos además de los cuatro funcionarios de Policía Judicial que hicieron la investigación de campo y a dos de los testigos estrella del ente acusador: el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fungió como abogado de Abadía y recibió el dinero pactado, y nada más y nada menos que el propio fiscal que tenía las diez investigaciones en contra del exgobernador Abadia, el exfiscal Alfredo Bettin.
Como pruebas también se incorporarán como tales en el juicio los interrogatorios practicados el 26 de septiembre de 2017 a Luis Gustavo Moreno, en los que detalló todo respecto a Juan Carlos Abadía y su participación en el cartel de la toga, los memoriales presentados por Moreno y dirigidos a Bettin en el proceso.
De hecho, en su colaboración con la justicia, Moreno presentó una matriz de colaboración desde el comienzo y uno a uno los que allí se mencionaron casi todos han sido condenados por la justicia. La excepción, el exgobernador Juan Carlos Abadía.
Juan Carlos Martínez Sinisterra, excongresista condenado, considerado la sombra de Juan Carlos Abadia, firmó como testigo el acta de posesión como gobernador del Valle
Asímismo las órdenes de archivo suscritas por el fiscal Bettin como Delegado ante la Corte Suprema de Justicia en favor de Juan Carlos Abadía en al menos seis noticias criminales, los cuales fueron firmados el 15 de febrero de 2017, 25 de julio de 2016, 27 de noviembre de 2015, 10 de agosto de 2016, 26 de julio de 2017, 21 de julio de 2016, y una orden de unificación de carpetas del 10 de septiembre de 2015 de tres noticias criminales.
También la resolución 0-0655 del 27 de febrero de 2013, por medio de la cual se asignaron unas noticias criminales antes a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la Fiscalía Novena de Alfredo A. Bertín, suscrita por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Otras del 10 de junio de 2015, del 21 de noviembre de 2014 y una más el 18 de julio de 2013.
Igualmente, se incorporarán cuatro interrogatorios realizados a Juan Carlos Abadía, declaraciones juradas de María Esperanza Acevedo, Esneyder García, Leonardo Luis Pinilla, Gilberto Javier Guerrero Díaz y Fabio Espitia Garzón.
Además inspecciones realizadas a la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, análisis, enlaces, entre otros testimonios y documentos. Y una muy particular copia del acta de posesión como gobernador del Valle para el periodo 2008-2011 de Juan Carlos Abadía Campi, suscrita el 1 de enero de 2007 en la Notaría 18 de Cali, la cual fue firmada por dos testigos, Claudia Cardona Campo y el excongresista y expresidiario Juan Carlos Martínez Sinisterra, señalado de ser la sombra de Abadía desde siempre.
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