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JEP imputa tortura y tratos inhumanos a seis militares por ‘falsos positivos’ en Casanare
Jurisdicción de paz acusa a seis exintegrantes del Ejército por torturar a víctimas antes de presentarlas como bajas en combate.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a seis exintegrantes del Ejército Nacional, por su participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como ‘falsos positivos’ en el departamento de Casanare.
Los hechos se relacionan con 17 casos documentados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, en los que 26 personas fueron asesinadas, luego de haber sido sometidas a actos de violencia física y psicológica. Según la JEP, las víctimas fueron engañadas, retenidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad, con el fin de facilitar su posterior ejecución y presentación como muertes en combate.
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La decisión judicial recae sobre Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez, Miguel Andrés Sierra García y Zamir Humberto Casallas Valderrama, todos exmiembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional. Cinco de ellos ya habían sido señalados como máximos responsables en decisiones previas; Casallas fue imputado como partícipe no determinante.
La nueva calificación jurídica amplía lo establecido en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Casanare del Caso 03, expedido en 2022. En dicho documento, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático en la Brigada XVI, vinculado a al menos 296 víctimas directas entre 2005 y 2008.
La magistratura basó su decisión en el análisis de versiones voluntarias, pruebas judiciales previas y observaciones de las víctimas y del Ministerio Público. Concluyó que los actos cometidos constituyen tortura contra persona protegida, lo cual tiene implicaciones tanto en el derecho penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y Penal Internacional.
Como parte del proceso restaurativo, la Sala de Reconocimiento trasladó varios de los hechos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para continuar la investigación sobre otros comparecientes implicados que no fueron seleccionados como máximos responsables.
Además, remitió información al Subcaso Costa Caribe II, sobre conductas atribuidas a Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo, quien también integró la Brigada XVI y ya fue imputado por homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes tendrán 15 días hábiles para aceptar o rechazar los nuevos cargos, presentar pruebas y pronunciarse sobre su participación individual en los hechos imputados por la JEP.
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