Gobierno implementa restricciones en distribución de combustibles y químicos por crisis en el Catatumbo

El Gobierno Nacional ha emitido una serie de decretos con el propósito de regular la distribución de combustibles, sustancias químicas y el uso de recursos financieros por parte de autoridades locales en zonas afectadas por la violencia.

Estas medidas se adoptan en el marco del estado de conmoción interior y buscan reducir el impacto de los enfrentamientos armados en la región del Catatumbo.

Uno de los decretos expedidos, identificado como el Decreto 0132 y emitido por el Ministerio de Minas y Energía, otorga facultades al gobierno para restringir, suspender o modificar el abastecimiento, comercialización, transporte y distribución de petróleo, combustibles líquidos, gas combustible y gas licuado de petróleo (GLP).

Estas restricciones podrán aplicarse en zonas identificadas como de alto riesgo o cuando sean solicitadas por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior o entidades de inteligencia del Estado.

El gobierno ha fundamentado estas limitaciones en la evidencia de que los combustibles líquidos y el gas han sido utilizados por grupos armados que operan en la región.

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Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Defensa ha promulgado otro decreto que prohíbe la importación de sustancias y productos químicos controlados a través de la aduana de Cúcuta.

Con esta medida se busca evitar el ingreso de insumos como gasolina, ácido sulfúrico y amoniaco, utilizados en la producción de clorhidrato de cocaína, actividad que ha generado un impacto significativo en el Catatumbo.

Además, se han implementado disposiciones dirigidas a los municipios que enfrentan esta crisis. Se ha autorizado el uso sin restricciones de los recursos de la Participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones (SGP).

Esta decisión permite a los gobiernos locales acceder a los fondos de la vigencia actual y a recursos no ejecutados de años anteriores para enfrentar la situación sin limitaciones presupuestarias.

Otra medida adoptada dentro de este paquete normativo está relacionada con los procesos de reestructuración de pasivos. Se ha decretado la suspensión de los términos en estos procedimientos en el municipio de Ocaña, lo que implica el aplazamiento de reuniones y decisiones hasta que se levante la conmoción interior.

En cuanto a la protección de la población en riesgo, el Decreto 0137 establece acciones extraordinarias enfocadas en garantizar la seguridad de comunidades y personas expuestas a amenazas. Se contemplan dos líneas principales de intervención:

Protección colectiva: La Unidad Nacional de Protección (UNP) activará un mecanismo de emergencia coordinado con las comunidades afectadas. Asimismo, se ha dispuesto que en un plazo de diez días, el Ministerio del Interior reciba un Plan Institucional de Prevención y Protección Colectiva.

Protección individual: Se acelerará la implementación de medidas de seguridad dirigidas a líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, alcaldes, gobernadores, personeros y personas desplazadas.

El gobierno ha señalado que estas medidas buscan mitigar el impacto de la violencia en la región y fortalecer la respuesta institucional frente a la crisis de seguridad en el Catatumbo.

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