Una nueva polémica se cocina en torno a una licitación por $298.498 millones cuyo protagonista es nada más y nada menos que el Consejo Superior de la Judicatura, que entregara por los próximos 23.5 meses los servicios de telecomunicaciones, conectividad e internet, paradójicamente para la Rama Judicial, el sector que administra justicia en el país. Las razones de la controversia son los cambios de última hora en uno de los participantes, la insólita oferta que presentó con una rebaja de $162.751 millones y las condiciones para prestar el servicio.
Todo comenzó a evidenciarse, desde el pasado martes 30 de julio cuando venció el plazo para presentar las ofertas. Formalmente lo hicieron la compañía Media Commerce Partners SAS, Colombia Telecomunicaciones, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB y la Unión Temporal Soluciones CC Conectividad Nacional, conformada por Cirion Technologies Colombia SAS y Comunicación Celular Comcel, hoy Claro.
Precisamente, sobre esta última firma se presentó una situación poco usual y más tratándose de la licitación más importante para la justicia de la actualidad. El valor total de la licitación lo fijo el Consejo Superior de la Judicatura en $298.498 millones, pero la unión temporal hizo su oferta por $132.762 millones, es decir, $162.751 millones por debajo de lo presupuestado por la entidad oficial.
A este hecho se suma un cambio de última hora en la presentación de la oferta. Una de las empresas que ya venía prestando el servicio de telecomunicaciones a la justicia cambió de bando repentinamente.
Se trata de la empresa Cirion Technologies Colombia SAS que en asocio con Azteca Comunicaciones Colombia SAS, empresa de México, suministraban desde 2022 el servicio de conectividad a la Rama Judicial. Una alianza que se creía iba a continuar pero de repente Azteca no se presentó al proceso y por el contrario Cirión hizo la extraña oferta en unión temporal con Claro.
Explicaciones urgentes
Fue tal la sorpresa por el valor de la oferta que el mismo Consejo Superior de la Judicatura tuvo que pronunciarse. De hecho, este martes 6 de agosto la Rama Judicial le solicitó a la dicha unión temporal discriminar de manera detallada, cuál es la estrategia que van a utilizar para lograr el cumplimiento del objeto contractual teniendo en cuenta el bajo ofrecimiento económico.
También requirió a Claro y su socio Cirion para describir el servicio a prestar, teniendo en cuenta procesos de contratación que se ejecuten en paralelo, el personal que participa en la prestación del servicio, costos operacionales que apliquen. A ello se suma la cantidad, perfil y salario del personal contratado para cumplir con el objetivo del contrato.
Y es que la normativa en materia de contratación es clara en que las entidades públicas deben encender todas las alarmas en el sentido de pedir explicaciones y hacer todos los análisis correspondientes cuando las ofertas que se presenten tengan un valor considerado artificialmente bajo.
"La entidad estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas", señala la comunicación de la Rama Judicial a Claro y su socio Cirion.
El plazo que le otorgó la entidad oficial para que explique porque ofertaron por menos de la mitad del presupuesto del contrato se cumple este jueves 8 de agosto al medio día. Si bien se trata de un proceso de subasta inversa, es decir gana el que proponga un valor menor; éste debe ser financieramente válido y no simulado y el comité evaluador de la licitación está pidiendo explicaciones por lo que se considera sospechosamente bajo.
En otras palabras, el precio base fijado es de $295.513 millones para que sea viable lo máximo que se supone puede rebajar un proponente sería el 20% es decir $58.102 millones. Es decir que el valor mínimo aceptable de una oferta en la que se fuera a cumplir los bienes y servicios, los gastos y costos en los que se incurra, más la utilidad esperada sería de $236.411 millones.
Pero extrañamente y sin que a nadie le cuadren los números, ni siquiera a la entidad contratante, el valor ofertado fue de $132.762 millones, es decir una oferta de $162.751 millones menos; una cifra de la que se deduce se hace imposible cumplir con el contrato.
ETB en escena
Con otra particularidad en la polémica licitación, el titán local del sector, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, entró en la controversia contractual con acciones concretas y pidió al Consejo Superior de la Judicatura soluciones de choque.
De hecho, el martes de esta semana, tres días antes de la fecha señalada para la adjudicación del proceso, envió una carta al Consejo Superior de la Judicatura solicitando, en su calidad de proponente, declarar desierta licitación, denominada contractualmente como Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa número 5 de 2024.
En la misiva la empresa bogotana narra como antecedente que el Consejo Superior de la Judicatura inició el proceso a escasos cuarenta y cinco días de la finalización del contrato con el operador actual. "En este momento se dispara la alarma entre los operadores de telecomunicaciones y surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo se va adelantar este proceso sin transición?", señala la solicitud.
Acto seguido la empresa recuerda que en su momento solicitó aclarar si existía alguna obligación pactada de transición entre el operador saliente con el entrante. También pidió aclarar cuál era el término de implementación entre la firma del contrato y el inicio de operaciones con pocos días, y que de paso estableciera la transición.
La respuesta de la Judicatura generó más dudas que certezas y terminó ensombreciendo aún más el proceso. Según la entidad, "el tiempo de transición total proyectado es de seis meses pero desde el primer día del contrato debe contar con la continuidad del servicio con mínimo las condiciones actuales del mismo".
Al leer entre líneas parecería advertir que el ganador iba a ser la actual unión temporal pues no se requiere ser un sabio del sector para entender que solo quien lleva ejecutando el contrato puede desde el primer día mantener las condiciones.
Señal intermitente
Otros oferentes solicitaron entonces al Consejo Superior de la Judicatura establecer un valor mensual de la red actual para incluirlo en el caso de negocio y que se estableciera un valor techo con el actual proveedor. También se pidió que se obligara a que los actuales equipos routers fueran nuevos para que hubiera criterio de igualdad entre los oferentes. Así mismo asegurar la transparencia en el proceso a través de definición de tarifas de transición del proveedor saliente, conocidas por todos los interesados.
No obstante una vez más la respuesta hizo pensar al sector que dicha licitación tenía nombre propio; porque a pesar que los proponentes estaban solicitando igualdad de condiciones eliminando los puntos de desventaja como por ejemplo que los equipos fueran nuevos para todos, oh sorpresa, la Judicatura respondió que no podía eliminar la ventaja competitiva u operativa de cualquiera de los participantes frente a los demás. A ello adicionó que que las negociaciones que adelante el contratista saliente con el engrane son transparentes para la entidad.
Pero el tema no finalizó allí. Ante estas condiciones ETB preparó su oferta y la presentó incluyendo el insumo de lo ofertado por una de las dos empresas que componen la unión temporal a la que se le adjudicó el proceso en 2022 y que por lo tanto aún tienen el contrato vigente.
Se trata de la referida Cirion Technologies Colombia SAS para la fase de transición, que era por un mes a partir del 26 de julio de 2024. Sin embargo, al burro se le notaron las orejas pues Cirion proveedor actual en la Unión Temporal con Azteca y Comunicaciones con quien debía garantizarse la transición por seis meses, terminó presentándose de manera directa en unión temporal con Comunicación Celular S.A Comcel S.A, hoy Claro, confirmando así la Unión Temporal Soluciones Conectividad Nacional.
A ello se suma que el pasado viernes 2 de agosto a las 6:45 pm después de que los interesados presentaron ofertas, Cirion Technologies Colombia SAS envió una carta a ETB comunicando su retiro de la oferta presentada. Esto según la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá vivía el proceso que ya venía ensombrecido.
Uno de los reproches de la empresa distrital es que con esto se materializó una clara competencia desleal, inducción a ruptura contractual y un desconocimiento a la buena fe contractual. Por tal motivo y en una carta de diez páginas la ETB solicitó se declare desierto dicho proceso de selección.
270 observaciones
Lo que mal comienza, mal podría terminar. En el proceso de licitación, el Consejo Superior de la Judicatura, recibió 270 observaciones de tipo jurídico, técnico y financiero respecto al pliego de condiciones. Diez de éstas se encaminaron a la modificación de la experiencia fijada para que los interesados pudieran realmente participar pues se evidenciaba un aparente enrutamiento a un proponente.
Otra perla del pliego de condiciones es que dicha condición se verificaría a través del último boletín trimestral del sector TIC publicado antes de la fecha del cierre del proceso. Sin embargo, al revisar dicha exigencia, el último boletín publicado por el Ministerio de las Tecnologías; no es posible establecer si la cobertura de los PRST (Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones) en los municipios indicados se realiza a través de fibra óptica propia o no.
En éste únicamente se indica los accesos fijos a internet de cada proveedor, departamento, municipio, tecnología, ancho de Banda, servicios fijos, abonados, ingresos, tráfico y suscriptores a internet móvil, voz.
Por ejemplo, en el boletín consultado por la Agencia de Periodismo Investigativo, API se indicó que los accesos fijos llegan a 8.91 millones, el acceso móvil en tecnología 3G es del 9.3% y de 4G del 89.8% para 45 millones. También que la velocidad promedio de descarga de internet fijo en el cuarto trimestre de 2023 llegó a los 202.4 mega bytes por segundo.
Así mismo evidenció que en tecnología móvil existen 83.3 millones de líneas de las cuales Claro provee el 45%, Movistar 24.6%, Tigo 17.4%, Wom 6.8%, Virgin 3.3% y ETB 0.3%; estos proveedores generaron 23.500 millones de minutos.
Lo cierto es que el aviso de convocatoria fue publicado a comienzos de julio y con un calendario ajustado. De acuerdo con el anexo técnico de la licitación la Rama Judicial consta de más de 1400 sedes en todo el país, el objetivo entonces es garantizar una conectividad confiable y segura. El ancho de banda actual es de 60 Gigabytes por segundo, el cual deberá pasar a 90 Gigabytes por segundo en las sedes de la entidad.
Así las cosas, por ejemplo en Armenia pasaría de un ancho de banda de 938 a 1312, Barranquilla de 2508 a 3778, Bogotá, Cundinamarca y Amazonas de 11639 a 16352, Bucaramanga 3870 s 5083, Cali 5461 a 7496, Cartagena 2097 a 312, Chocó de 799 a 1187, Cúcuta de 2348 a 3285, Florencia de 734 a 1044, Ibagué de 2282 a 2963, Manizales de 1664 a 2414, Medellín de 5652 a 9909. San Andrés en la sede de coordinación pasaría de 223 a 353, Riohacha de 349 a 116 y el Nivel Central de 7123 a 8502.
Además del requerimiento de ancho de banda se pide gestión de tráfico avanzada, en cuanto a la arquitectura del servicio de conectividad debe ser altamente redundante y de alta disponibilidad, seguridad en los datos, monitoreo y soporte técnico. Y se estableció el enlace satelital para conectar los despachos judiciales de los municipios donde es el único tipo de conectividad disponible.
En cuanto a las interrupciones del servicio se fijó máximo una en un mes so pena de descuentos en la facturación; la efectividad en la resolución de incidentes entre 4 y 112 horas de acuerdo a la calificación de la prioridad y la zona donde se presente. El equipo para soportar la operación comprenderá tres ingenieros residentes, un experto senior, dos expertos máster y un experto Master en redes y comunicaciones.
Este jueves es el día clave. Jueces, auxiliares, abogados, procesados y millones de usuarios de la justicia en todo el país sabrán a través del Consejo Superior de la Judicatura si los servicios de la Rama Judicial serán adjudicados o no a un nuevo proveedor con calidad, ese que promete una rebaja de $162.751 millones sin pleitos posteriores.
También le puede interesar:
