Colombia avanza a su tercera semana de Paro Nacional. El saldo de víctimas fatales, heridos y desaparecidos no tiene antecedentes en la historia reciente; con un agravante, las cifras no coinciden. Mientras que la Defensoría del Pueblo asegura que han muerto 27 personas, organizaciones no gubernamentales advierten que el número asciende a 37. Según la entidad, desde el 28 de abril se han reportado 548 personas desaparecidas de las cuales 359 aún falta por ubicar.
Organismos de derechos humanos refieren 22 personas con lesiones en los ojos, 10 víctimas de violencia sexual y 1.708 eventos de violencia por parte de la Fuerza Pública.
Los sucesos de violencia contra servidor público, en este caso policías, también son significativos. Se habla de 850 lesionados y un muerto; el director de la Sijín de Soacha, el capitán Jesús Alberto Solano, quien falleció el 28 de abril, durante en el primer día de protestas, luego de ser atacado con piedras y golpes. Incluso intentaron quemarlo vivo.
Una probelmática que parece migrar por zonas y que ha recrudecido en los últimos días en Cali, cuando habitantes de algunas zonas, desesperados por trece días de bloqueos, desabastecimiento de alimentos, medicinas y de estar sitiados, se enfrentaron a la Minga Indígena.
La confrontación dejó cuestionamientos mutuos, heridos con arma blanca y el ataque con armas de fuego a la Minga desde camionetas blindadas de alta gama, que dejó diez indigenas heridos y que desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, han calificado como una actuación paramilitar.
Los bloqueos, la violencia, el desabastecimientos, el vandalismo y los abusos por parte de la Fuerza Pública resultaron los principales enemigos a vencer por parte del Paro Nacional y sus marchantes. Ellos diariamente y con marchas multitudinarias y pacíficas doblegan ese pulso; gracias a ellos lograron prontamente una victoria; el retiro de la reforma tributaria por parte del gobierno nacional.
Muchos sectores apoyaron la protesta pacífica y las manifestaciones. En su gran mayoría jóvenes entre los 17 y 27 años salieron a las calles para mostrar su descontento con el gobierno del presidente Iván Duque.
Otros ciudadanos han adoptado formas diferentes de protesta, algunos de manera simbólica y aportando su conocimiento y experiencia.
Sin embargo, entre muchos ejemplos, sobresale el caso de Santiago Trespalacios, un reconocido abogado penalista de Medellín. El mismo 28 de abril, cuando se inició el Paro Nacional, el jurista a través de sus redes sociales ofreció sus servicios gratuitos como defensor ante cualquier instancia de aquellas personas que se sintieran perseguidas judicial o administrativamente por marchar.
“Este es modo de marchar. Es desde mi escritorio pero con todo el poco poder que tengo”, advirtió. Los elogios no se hicieron esperar. “Tanta admiración por mi profesor”, escribió María Alejandra, “cuando sea grande quiero ser como el profe”., resaltó otro alumno; fueron apenas un par de ejemplos de los elogios que recibió su decisión.
Más demoró en hacer el anuncio que en ser solicitado. Al día siguiente, fue declarada ilegal la captura, hubo regaño al fiscal y compulsa de copias al policia que hizo el procedimiento de captura. Trespalacios hizo parte de la defensa de 19 capturados que fueron puestos en libertad, pues se les había violado el debido proceso.
Su defensa a aquellas personas que protestaron pacíficamente pero que fueron detenidas o capturadas de manera ilegal y puestas a disposición de jueces de control de garantías, le generaron el reconocimiento y agradecimiento, principalmente de estudiantes de derecho, pero también señalamientos como el que hizo María Fernanda Cabal, senadora de la República por el partido Centro Democrático.
“Tanto abogado al servicio de entorpecer la autoridad, acabó con las posibilidades de tener un país con futuro”, trinó la congresista el pasado 4 de mayo, en alusión a un artículo de prensa que hacía referencia a los abogados de los manifestantes.
Un cuestionamiento que no deja de ser una paradoja, pues Trespalacios desde la orilla del derecho penal, en su momento opinó en favor de las garantías procesales que presuntamente se habían desconocido en el caso del exsenador Alvaro Uribe Vélez.
El defensor ripostó a la congresista. “No, María Fernanda Cabal, el abogado de la nota soy yo y nunca me he dedicado a entorpecer la autoridad si no a defender ciudadanos de todas las ideologías, como cuando en público he defendido las garantías de Alvaro Uribe Vélez. Pero usted no está preparada para esa discusión”.
En diálogo con la Agencia de Periodismo Investigativo, Santiago Trespalacios aclaró que su posición no es de respaldo a las causas por las cuales se protesta, si no el respaldo al derecho a protestar.
“No intentamos con nuestra defensa promover una idea política contraria o cercana al gobierno, si no apoyar la movilización social, la no criminalización de la protesta y el pluralismo con el cual cada ciudadano colombiano puede decir su libre convicción política y actuar conforme a ella¨, argumentó el abogado.
El 2 de mayo, la Fiscalía a través de sus redes anunció que por labores investigativas fueron capturadas 278 personas, 83 imputadas y 18 con medidas de aseguramiento.
Pero una vez más el defensor se pronunció advirtiendo que esperaba que cuando demostrara los montajes de los que fueron víctimas varios de los afectados, el ente acusador también acudiera a ese tipo de mensajes para retractarse.
Para ese momento, ya había presentado varios recursos de habeas corpus e iría a audiencia de sustentación de apelación porque tres jóvenes habían sido capturados, sin pruebas. Horas después amplió su ofrecimiento de defensa gratuita a los policías que se rehusaran a repeler la protesta pacífica.
Trespalacios advirtió que desde que se inició el Paro Nacional ha recibido mensajes de integrantes de la Fuerza Pública expresándole el temor a represalias que puedan derivarse al negarse a “la contención por medio de la violencia a las personas que participan en las marchas”.
Esto lo motivó también a ofrecer su apoyo legal a aquellos funcionarios de la Policía Nacional y del Ejército Nacional en el caso de que sean perseguidos judicial o administrativamente por negarse a cumplir una orden que consideren contraria a los derechos humanos, “cuenten con nuestra representación si así lo desean”, confirmó el jurista.
Al preguntarle si esto no generaría un efecto de insubordinación en la Fuerza Pública que propicie disturbios, saqueos y vandalismo, reiteró que con el ofrecimiento de representación judicial no constituye un llamado a la insubordinación por los hechos y el ejercicio legítimo de la fuerza, si no a que se nieguen, se resistan y se opongan a cualquier orden proveniente de una autoridad superior en la que se involucre una vulneración de los derechos humanos y de las garantías fundamentales de los marchantes.
Tampoco considera que exista un desequilibrio al respecto, “por el contrario, los actos inapropiados de la Fuerza Pública han sido superiores a los actos inapropiados de la minoría vandálica, según los reportes y los eventos que hemos podido observar”, señaló.
Según la experiencia que le ha dejado este apoyo jurídico a los marchantes, todo inicia cuando en las marchas pacíficas y sin razón alguna, la Policia, a través del Esmad, lanza gases lacrimógenos para dispersarlas, generando reacciones entre los manifestantes. Es decir, un acto provocador.
Advierte entonces que está en contra de cualquier acto de violencia sin distinguir de donde provenga, “pero absoluta y categóricamente en contra de que se judicialíce la falsa, errónea e inapropiadamente a quienes ejercen sus derechos democráticos y políticos”.
En cuanto a si ve viable desde el aspecto jurídico, la declaratoria del estado de conmoción interior por parte del presidente Iván Duque, asegura que si el mandatario junto con sus ministros considera que se cumplen a cabalidad los presupuestos constitucionales, podría decretarlo y esto tendría un control automático de la Corte Constitucional.
Tras los hechos violentos de las últimas dos semanas, su llamado es al diálogo nacional con todas las fuerzas políticas y cívicas. Entre tanto, el penalista Santiago Trespalacios sigue dispuesto a defender los derechos de los manifestantes y los miembros de la Fuerza Pública.
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