Paro arrocero: Gobierno plantea fondo para exportaciones y debate sobre control de precios internos

En medio de las negociaciones entre representantes del sector arrocero y el Gobierno nacional para superar el paro que afecta a diversas regiones del país, el Ejecutivo presentó la propuesta de un fondo de estabilización de precios como mecanismo para incentivar la exportación del grano.

La iniciativa, sin embargo, ha sido acompañada de una resolución que busca someter al arroz paddy verde —grano sin procesar— a un esquema de libertad vigilada de precios, medida que ha generado inconformidad entre los industriales del sector.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural explicó que el fondo funcionaría con una lógica de compensación y contribución: cuando el precio internacional del arroz se ubique por debajo de las franjas fijadas por la autoridad, el productor recibiría una compensación para mitigar pérdidas; por el contrario, si el precio supera dichos rangos, se establecería un cobro para los productores.

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El objetivo del instrumento es reducir el impacto de las variaciones de los mercados internacionales sobre los ingresos de los agricultores y promover la colocación de excedentes en el exterior.

Según proyecciones de la cartera de Agricultura, durante el primer semestre de 2025 los costos de producción por tonelada de arroz oscilan entre 7.500.000 y 10.400.000 pesos, según la región.

Sin embargo, los precios pagados por la industria por la tonelada de paddy verde se encuentran por debajo de esos valores, lo que genera pérdidas significativas para los productores.

El proyecto de decreto del Gobierno detalla que en los Llanos Orientales y el centro del país las pérdidas alcanzan entre 124.889 y 196.839 pesos por tonelada, mientras que en otras zonas llegan a 48.304 pesos por tonelada.

A la par con el fondo, el Gobierno avanzó en una resolución que establecería un régimen de libertad vigilada para los precios del paddy verde, con el fin de evitar distorsiones en el mercado interno.

Esta medida fue rechazada por la Cámara Induarroz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que advirtió sobre efectos adversos en la cadena de valor.

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En una comunicación dirigida al Ministerio de Agricultura, el gremio señaló que la regulación podría trasladarse al precio del arroz blanco al consumidor final, generar incentivos para que comercializadores adquieran arroz importado en detrimento de la producción local y provocar un aumento desproporcionado de las siembras, lo que podría generar acumulación de inventarios en futuras cosechas.

La industria molinera, principal compradora del arroz producido en el país, ha asistido a las mesas convocadas por el Gobierno, aunque hasta el momento no ha emitido pronunciamientos públicos sobre su postura frente al fondo y las medidas de control de precios.

Voceros de los productores que lideran las movilizaciones han insistido en que cualquier acuerdo para levantar el paro debe contar con la participación activa de los industriales, al considerar que son un actor determinante para la viabilidad de cualquier compromiso sobre compras, precios y sostenibilidad de la producción.

El Ejecutivo y los gremios continúan en diálogos para definir un esquema que permita compensar las pérdidas reportadas por los agricultores, fomentar las exportaciones y estabilizar el mercado interno, mientras se intenta destrabar la protesta que mantiene bloqueos y afectaciones en diferentes departamentos.

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